Por Juan Pablo Liévano
El 7 de agosto de 2022 empezó la era Petro. Años de lucha, armada y política, precedieron su llegada a la Casa de Nariño. No fue casualidad. Fue el resultado de esfuerzo, trabajo, sacrificio y hacer oposición clamando por “el cambio”, reivindicaciones sociales, una mayor participación de las comunidades y los “excluidos” y un estado más grande y participativo en la economía. Además de senador, logró llegar a la alcaldía de Bogotá. Para algunos, era de los mejores Senadores. Muy verbal y beligerante, con una retórica congruente. Para otros, era simplemente un tirapiedras, que le gustaba generar polémica y que al momento de gobernar no iba saber. Su alcaldía estuvo marcada más por su pelea con la institucionalidad que por sus realizaciones. Ahora, en el primer año, el Gobierno ha presentado muchos proyectos de ley para lograr “el cambio”, pero estos no presentan, según los expertos, soluciones eficaces y pragmáticas para los problemas. La economía va mejor de lo esperado y se estima un crecimiento del PIB del 1.5% para el 2023, tal vez porque el mercado siente que existe una institucionalidad capaz de evitar la aprobación de proyectos y políticas inadecuadas que destruyan el marco económico, legal y social construido durante décadas. La realidad es que el Gobierno no cuenta con políticas concretas, eficientes y eficaces que fomenten el crecimiento económico, las empresas y el empleo y, lo más grave, no tiene un liderazgo efectivo. Y ni hablar de los escándalos en los que han sido protagonistas miembros de su círculo íntimo. Todo esto genera incertidumbre e inestabilidad política, que se traduce en su baja popularidad y un deterioro de la gobernanza. Todo preocupante y bastante gris. Pero el gran legado del Gobierno es el deterioro del orden público. La situación es alarmante. La paz total y el cese al fuego han resultado en el abandono del Estado de muchas zonas del país. En muchos municipios las guerrillas están carnetizando a la población y exigen el porte de carnet para la movilización. Igualmente, se pasean como pedro por su casa y otra vez volvieron los boleteos, las vacunas y los secuestros. En varias regiones del país están citando a los empresarios para que paguen “impuestos” e incluso cobran un 10% de las ventas de tierras. Los paramilitares también están haciendo su agosto y hasta tienen presencia en Bogotá. La erradicación de cultivos de coca bajó un 87%, lo que hace evidente el total desdén del Gobierno de este gran eslabón del narcotráfico, que se traduce en más producción de coca y más violencia. La tendencia implicaría la posibilidad de alcanzar la astronómica cifra de 300.000 hectáreas sembradas. El resultado es que las masacres aumentaron un 16%, la extorsión un 43% y los secuestros un 90%, desde el 7 de agosto de 2022. Los gobernadores del país han sido claros con el Gobierno sobre esta situación, que significa un deterioro de la tranquilidad ciudadana y la prosperidad económica en las regiones, lo que ha caído en los oídos sordos del Gobierno. En síntesis, la paz total es un fiasco total y la inseguridad es la herencia de este primer año del Gobierno Petro.
