Por: Amylkar Acosta
Colombia y el mundo han soportado este aciago año conturbado por cuenta del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que ha dejado tras de sí una estela de muerte y desolación. Las cifras de contagiados y de víctimas fatales a consecuencia de esta pandemia son escalofriantes. La cuota de Colombia a tan dantesco cuadro no es menor: en momentos en los que se encamina por la pendiente hacia un tercer “pico” de contagiados, el acumulado de infectados recuperados y decesos se cifran, al corte del 4 de los corrientes, en 2´446.219 y 64.094, respectivamente. Según el director del DANE Juan Daniel Oviedo, la covid-19 se convirtió en la principal causa de muerte en Colombia en el 2020.
Las preexistencias a la pandemia, tanto en el orden económico como social, hicieron de Latinoamérica la región más vulnerable a sus devastadores efectos. Después de crecer durante el largo ciclo de precios altos de las materias primas (2003-2011) por encima del promedio de crecimiento de la economía global, en 2019 había ajustado cinco años con un anémico crecimiento, muy por debajo del ritmo de crecimiento del resto del mundo. De manera que el entorno de la economía colombiana, que venía rengueando los últimos años, creciendo por debajo del crecimiento potencial del PIB, no era ni es el mejor de cara a su recuperación que, según la Cepal y el FMI será demasiado lenta.
Según la previsión del Banco Mundial, después de la recesión del año pasado, que hundió la economía con una contracción del PIB del -6.8%, tendremos un repunte este año de 5% que, de alcanzarlo, nos debemos dar por bien servidos, aunque dada la incertidumbre por la prolongación de la crisis pandémica dicho pronóstico es reservado. Tanto más en cuanto que el petróleo y el carbón, sus dos principales renglones de exportación y los principales jalonadores del crecimiento de la economía han perdido tracción y fuerza a consecuencia de la caída de la producción y los precios internacionales.
Las finanzas públicas que, desde antes de la pandemia, venían acusando un déficit estructural de no menos del 4%, que es la brecha entre la presión fiscal (recaudo/PIB) y el gasto público, del cual no menos del 85% es inflexible, se siguen deteriorando. El año anterior, según el Ministerio de Hacienda cerró con un déficit fiscal de -7.8% del PIB, el cual, según su Plan financiero, se elevaría este año hasta el -8.6%. Y de remate, según el estimativo del Banco Mundial, el endeudamiento público del país al cierre de 2021 se elevaría hasta el 70.4% del PIB (¡!), poniendo en calzas prietas la sostenibilidad fiscal de la Nación, al tiempo que pone en riesgo la calificación inversionista de su deuda soberana, con todas sus nefastas consecuencias. En un intento desesperado por sortear esta crisis fiscal, el Gobierno tramitará a través del Congreso su tercera reforma tributaria a través del proyecto de ley de “solidaridad sostenible”.
