Las fotografías publicadas en las redes sociales y en los medios de comunicación, del desalojo por parte de las autoridades del municipio de Acevedo, producen dolor y rabia. La indefensión en sus rostros refleja la cruda realidad y la dura situación por la que deben pasar en esa historia sin fin de no contar con un techo digno y propio, para albergar a sus familias. Un drama que se repite y no logran solucionar las metas que se imponen los gobiernos para reducir el déficit habitacional en los municipios del país, que, si bien ha bajado en términos porcentuales, aún sigue estando por encima de las unidades habitacionales que satisfagan la demanda creciente de nuevas viviendas.
Pero la rabia llega al confirmar, una vez más, que muchos de estos dramas son fruto de la estafa de ‘piratas de la tierra’ que desde hace décadas montaron una industria criminal para invadir terrenos en algunas localidades, en zonas catalogadas de alto riesgo, para lotear y vender, en cuestión de horas, a personas angustiadas y necesitadas.
Ante estos hechos irregulares, que se presentaron desde el primero de enero de 2018, las autoridades municipales tomaron la decisión de ordenar el desalojo de estos terrenos, que son de propiedad del Hogar Juvenil Campesino La Esmeralda, que fueron invadidos por cerca de 700 familias, que el día anterior abandonaron voluntariamente, ante la presión de la Fuerza Pública.
Es inconcebible que algunas autoridades y representantes de la clase política tradicional, que en muchas ocasiones operan en complicidad con estos delincuentes con el fin de obtener respaldos electorales e intereses económicos, sin tener en cuenta de los graves daños patrimoniales a sus propietarios, al ecosistema y contribuyendo al desorden urbanístico que afecta el ordenamiento territorial de los municipios.
Se trata de una situación que se extiende en muchas localidades y ante lo cual las autoridades parecen estar desbordadas. Y el fenómeno seguirá creciendo, a menos que se tomen medidas radicales, contra aquellos invasores profesionales, que terminan afectando a aquellos que verdaderamente necesitan donde albergar a sus familias.
Aunque las proyecciones indiquen que la población en las zonas urbanas va en aumento, no ocurre lo mismo con los asentamientos ilegales, que crecen de forma exponencial.
