Por: Felipe Rodríguez Espinel
En los últimos días, el país se ha visto envuelto en un debate que, lejos de aportar soluciones a los problemas apremiantes, parece distraer la atención de los verdaderos desafíos que enfrentamos. La propuesta del presidente Petro de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente ha desatado una verdadera tormenta política.
Es importante reconocer que la Constitución de 1991, aunque perfectible, ha sido un baluarte de nuestra democracia durante más de tres décadas. Ha resistido embates de diversa índole y ha proporcionado un marco jurídico en el que la mayoría de los colombianos nos reconocemos. La pregunta que surge entonces es: ¿Es realmente necesario reescribir nuestra carta magna?
El presidente argumenta que existen hechos posteriores a la constitución de gran envergadura que justifican este proceso. Sin embargo, esta justificación parece débil frente a la realidad en que muchos de los problemas que enfrentamos no son resultado de deficiencias constitucionales, sino de la falta de implementación efectiva de las normas existentes y de políticas públicas adecuadas. El timing de esta propuesta también es cuestionable. En un momento en que el país enfrenta desafíos económicos, de seguridad y sociales significativos, iniciar un proceso constituyente podría generar una inestabilidad innecesaria. Además, una constituyente en el actual clima de polarización política podría ser más riesgosa que beneficiosa.
Es difícil no ver en esta movida de Petro un cálculo político con miras a las elecciones de 2026. Ante la dificultad de impulsar sus reformas por la vía legislativa, el presidente parece estar buscando una salida por la puerta falsa. Esta estrategia, sin embargo, podría resultar contraproducente, alienando aún más a sectores moderados y de oposición. Otro aspecto preocupante es la aparente confusión dentro del propio gobierno sobre los alcances y tiempos de esta propuesta. Mientras el presidente habla de un poder constituyente, su nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, sugiere un acuerdo nacional que podría derivar en una constituyente en el próximo gobierno. Esta falta de claridad no hace más que aumentar la incertidumbre y el escepticismo.
Es crucial recordar que el camino hacia una Asamblea Constituyente es largo y complejo, requiriendo amplias mayorías en el Congreso y aprobación popular. En el contexto político actual, esto parece altamente improbable. Lo que Colombia necesita no es una nueva Constitución, sino un compromiso real con el desarrollo de las regiones más olvidadas, y la ejecución de reformas que aborden las desigualdades estructurales del país. Estos objetivos son alcanzables dentro del marco constitucional actual.
En lugar de embarcarnos en un proceso constituyente incierto y potencialmente divisivo, el gobierno debería enfocarse en construir consensos para avanzar en las reformas necesarias a través de los canales democráticos existentes. La energía política y los recursos que se invertirían en una constituyente podrían ser mejor utilizados en abordar los problemas inmediatos que afectan a millones de colombianos. La propuesta de una Constituyente parece más un espejismo político que una solución real a los problemas del país.
