Por Juan Pablo Liévano
La situación económica del país sigue regular. Se trata de un estancamiento. Salir de este dependerá de lo que haga el Gobierno para reactivar la economía. No obstante, se puede concluir de la convención de Asobancaria en Cartagena que el Gobierno sigue en su piloto automático de izquierda, como si en el país no pasara nada. Los banqueros, siempre pragmáticos, descartan una crisis en 2024, pero señalan que será un año retador en utilidades y crecimiento de los negocios. Para el Gobierno, aun cuando no la desea, tampoco se mete de lleno en evitarla. Todos reclaman un mayor esfuerzo del Banco de la República para bajar las tasas de interés. Todos coinciden en la cuota de responsabilidad que tiene la alta tasa de interés en el bajo crecimiento económico y el margen que tiene el Banco de la República para una reducción más agresiva. Para el Banco de la República, lo más doloroso del ajuste ya pasó. Para los privados, que sufren el diario devenir de los negocios, no es así. Los privados coinciden en que se requiere ganar confianza y un plan de reactivación por parte del Gobierno en actividades mineroenergéticas, la construcción y la infraestructura. Piden también seguridad física y una lucha efectiva contra la corrupción. Igualmente, les preocupan las finanzas públicas. Los expertos piden disciplina fiscal y recorte de gastos para no aumentar el riesgo país y encarecer el gasto en el servicio de la deuda. Y a pesar de todas estas sugerencias respetuosas de la banca y el sector privado, parece que el Gobierno es sordo. Se podría concluir que al Gobierno, a pesar del recorte anunciado de 20 billones en el presupuesto, le tiene sin cuidado el diseño y ejecución de un plan serio y rápido de reactivación, pues quiere simplemente imponer su agenda de izquierda. De hecho, el Gobierno sigue divagando con el cambio climático, la migración de los murciélagos y el COVID-19, la descarbonización, el turismo internacional, la producción o agricultura de minifundio, la economía popular, aun cuando se le abona la mención a la vivienda como industria, y en la retórica falsa del diálogo y la concertación. Igualmente, pide la cooperación de los privados, pero continúa con su filosofía dogmática de izquierda, donde el sector privado pone, pero no gana, por lo que no se alinean los incentivos. Para el Gobierno, el sector privado, específicamente los bancos, es una herramienta de la que se puede disponer arbitrariamente. De hecho, el Gobierno quiere imponer inversiones forzosas, que no son otra cosa que estatizar por la puerta de atrás, en un sistema donde los bancos le prestan al Gobierno para que este le preste a los privados, en los sectores que este indique y con tasas subsidiadas, sin utilizar el sistema de mercado de asignación de riesgos y prioridades. La idea no puede ser más mala. En síntesis, el Gobierno va por el camino político, con la idea de refundar la patria e imponer sus ideas de izquierda, mientras que los privados caminan por el pragmatismo de la economía de mercado y esperan con ansias que ojalá llegue un plan de reactivación adecuado y sensato más temprano que tarde.
