María Clara Ospina
El régimen del dictador Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillos han dejado sin voz y sin derechos al pueblo nicaragüense. La feroz persecución que han orquestado contra cualquier persona que se les oponga tiene la clara intención de crear un régimen de terror contra quien se manifieste en su contra, no importa quien sea.
Las cárceles están llenas de opositores. Los aviones y puestos fronterizos de Nicaragua están rebosantes de personas que emigran para evitar represalías por sus opiniones opuestas al régimen. Ninguno que haya expresado una opinión desfavorable contra la pareja gobernante está a salvo de ser detenido arbitrariamente, encarcelado o desaparecido. Esa es la suerte de muchos líderes sociales, periodistas, escritores, campesinos, políticos, académicos, maestros, ambientalistas, poetas, indígenas o cualquiera que denuncie los atropellos contra los Derechos Humanos sufridos a diario por los nicaragüenses.
En los últimos meses la represión se ha ensañado contra los religiosos de la iglesia católica. El mundo ha presenciado con preocupación, cómo sacerdotes en plena celebración de la Santa Eucaristía han sido secuestrados por “tropas especiales”. El reciente 16 de agosto, al sacerdote Sebastián López se le impidió entrar a su iglesia en la parroquia de Santa Lucia, en Ciudad Darío, a celebrar la misa matutina. La celebración fue “secuestrada” igual que el párroco. Lo mismo había pasado, en días anteriores, contra el obispo Rolando Álvarez, capturado por un convoy militar en la ciudad de Matagalpa. Hoy hay decenas de religioso, y sus auxiliares en prisión, sin explicación o juicio, en cárceles nicaragüenses. El malévolo combo Ortega-Murillo ha cerrado la mayoría de las emisoras pertenecientes a diferentes diócesis católicas, lo mismo que sus publicaciones.
En marzo el nuncio apostólico Waldemar Sommertag fue expulsado del país. En julio, luego de ser declarada ilegal, la Asociación de Misioneras de la Orden de la Madre Teresa de Calcuta abandonó Nicaragua; igual, se vieron forzados a hacer el obispo Sylvio Báez y otros religiosos.
Esto es, sin duda, una persecución ilegal y bien concertada del combo dictatorial de Ortega-Murillo contra la Iglesia Católica, la cual cada católico debe activamente denunciar.
Lo mismo ha sucedido a otras importantes instituciones, como la Academia Nicaragüense de la Lengua, fundada en 1926, a quien el dictador, en un esfuerzo por acallar sus voces, ordenó quitar su personería jurídica. Igual ha sucedido con cerca de mil organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, la democracia, instituciones de caridad y medios de comunicación de todo el país que, se niegan a silenciar sus denuncias contra el régimen dictatorial que se ha apropiado de Nicaragua por décadas.
¿Cuántas voces importantes han tenido que huir para salvaguardar su seguridad y aún su vida? Entre ellos la gran poeta Gioconda Belli y el escritor Sergio Ramírez, hoy refugiado en España. Tuve el honor de conocerlo, hace unos años, en el Gimnasio Moderno, en Bogotá. Ya en ese momento, el escritor de Margarita esta linda la mar, la intrigante biografía de Rubén Darío, hablaba con dolor sobre como la revolución del Frente Sandinista de Liberación Nacional, en la que él había participado, había sido traicionada por Ortega. Para Ramírez, era algo profundamente agobiante, pues había sido el vicepresidente de Ortega de 1985 al 1990.
Una revolución destruida, un pueblo silenciado, un régimen de terror establecido. ¡Duele, Nicaragua!
