Por: Felipe Rodríguez Espinel
La reforma agraria en Colombia, una promesa que ha resonado durante casi un siglo, se encuentra hoy en una encrucijada crítica. El gobierno actual, que llegó al poder con la bandera de la transformación rural como uno de sus estandartes, enfrenta el desafío de convertir las ambiciosas promesas en realidades tangibles para millones de campesinos.
La concentración de la tierra en Colombia es alarmante: el 1% de las fincas acapara el 81% de las tierras productivas. Esta desigualdad no solo es un lastre económico, sino también una de las raíces del conflicto armado que ha desangrado al país durante décadas. El acuerdo de paz de 2016 con las FARC puso la reforma rural integral en primer plano, estableciendo metas ambiciosas de formalización y distribución de tierras.
Sin embargo, dos años después de asumir el poder, este gobierno ha logrado entregar apenas 86,000 hectáreas de las 1.5 millones prometidas. Este ritmo lento no solo frustra las expectativas de las comunidades rurales, sino que también pone en duda la viabilidad de una transformación profunda del campo colombiano en el corto plazo.
Los obstáculos son múltiples y complejos. La burocracia enmarañada, la resistencia de grandes terratenientes, la inseguridad en zonas rurales y la falta de infraestructura básica son solo algunos de los desafíos que enfrenta esta reforma. El reciente cambio en el Ministerio de Agricultura, con la llegada de Martha Carvajalino, sugiere un reconocimiento de la necesidad de imprimir un nuevo impulso a este proceso.
La reforma agraria no se trata solo de distribuir tierras. Requiere un enfoque integral que incluya acceso a crédito, asistencia técnica, infraestructura y mercados. El modelo surcoreano, que Petro ha mencionado como inspiración, logró transformar su economía rural mediante una combinación de redistribución de tierras y apoyo estatal masivo a la agricultura. Sin embargo, las realidades geográficas, sociales y políticas de Colombia presentan desafíos únicos que requerirán soluciones adaptadas al contexto local.
El tiempo apremia. Con solo dos años restantes en su mandato, el gobierno debe acelerar dramáticamente el ritmo de implementación si quiere dejar un legado duradero en la estructura agraria del país. Esto requerirá no solo voluntad política, sino también una capacidad de ejecución sin precedentes y la habilidad de forjar acuerdos entre sectores históricamente antagónicos. Un campo productivo y equitativo podría impulsar el PIB agrícola del actual 12% a un 20%, generando empleo, seguridad alimentaria y desarrollo rural sostenible.
La reforma agraria es una deuda histórica con el campo colombiano. Su éxito o fracaso definirá no solo el legado del gobierno actual, sino también el futuro de millones de colombianos y el papel del país en la economía global del siglo XXI. El reloj corre, y las decisiones que se tomen en los próximos meses serán cruciales para determinar si esta vez, finalmente, la promesa de una Colombia rural justa y próspera se convertirá en realidad.
