Por: Javier Ernesto Monje Escobar
La reciente propuesta de reforma política que fue presentada en el Congreso, ha generado un amplio debate en el país debido a que algunos sectores abogan por cambios estructurales, como la implementación de listas cerradas y la modificación en la elección de magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), analicemos las posibles implicaciones que esta tendría en la democracia.
La imposición de listas cerradas se ha propuesto como un mecanismo que, en teoría, podría mejorar la transparencia y la equidad en los procesos electorales. No obstante, esta medida lejos de lograr su objetivo, terminaría restringiendo la autonomía de los partidos políticos, un principio en cualquier democracia sólida. Sin duda, los partidos deben tener la libertad de decidir, de acuerdo con sus dinámicas internas y los intereses de sus bases, si prefieren utilizar listas cerradas o abiertas.
Además, con las listas cerradas, quienes determinan el orden de los candidatos son exclusivamente las directivas de los partidos, esto supone un riesgo para los militantes y líderes en los territorios, pues podrían quedar marginados si no son favorecidos por las cúpulas partidarias. En un sistema donde el orden de la lista es crucial, si un candidato no ocupa los primeros puestos, sus posibilidades de obtener una curul se reducen casi a cero. Esto implica una pérdida de oportunidades para líderes territoriales y sociales que han construido procesos, pero no cuentan con el beneficio de los líderes nacionales.
Otro aspecto preocupante es la posible reducción del presupuesto asignado a la Registraduría Nacional del Estado Civil, la entidad encargada de garantizar el correcto desarrollo de las elecciones en todo el país, que cuenta con una geografía compleja, con regiones afectadas por conflictos armados y difíciles condiciones de acceso. Así que, reducir su presupuesto podría poner en grave riesgo tanto la transparencia del proceso electoral como la seguridad de los electorales en regiones apartadas. Necesitamos garantizar que esta entidad cuente con los recursos suficientes para operar de manera eficaz y con total independencia.
La reforma también propone extender el mandato de los magistrados del CNE de 4 a 6 años y pasar de 9 magistrados a 11, ¿cuál es el interés detrás de esta modificación? Al aumentar el periodo de los magistrados, se corre el riesgo de que estos cargos sean utilizados para afianzar intereses partidistas o gubernamentales, comprometiendo la imparcialidad de la institución. La duración de estos cargos debería ser lo suficientemente corta para evitar que los magistrados se conviertan en figuras influyentes con agendas políticas.
Por último, existe un claro conflicto de intereses en la elección de los magistrados del CNE debido a la investigación que actualmente lleva a cabo esta entidad para determinar si la campaña de Gustavo Petro excedió los temas de financiación, siendo esto es un tema delicado. En este sentido, la propuesta de cambiar la forma de elección de los magistrados del CNE genera sospechas al reformar un órgano que actualmente investiga al presidente en funciones podría interpretarse como un intento de influir en los resultados, lo cual afectaría gravemente la legitimidad de nuestras instituciones.
Debemos atacar la corrupción electoral, pero siempre respetando la autonomía de las instituciones y garantizando la independencia de los órganos de control, sin embargo, cualquier esfuerzo por combatir este problema debe llevarse a cabo de manera coherente y sin que la reforma política presente vicios que puedan empañar su propósito.
