ERNESTO CARDOSO CAMACHO
Termina una nueva legislatura del Congreso y en medio de la aguda polarización política estimulada desde el gobierno, un objetivo balance permite establecer que tanto el presidente como la oposición, han alcanzado cada uno relativos éxitos en sus pretensiones.
Éxitos relativos porque si bien es cierto se aprobaron leyes de crucial importancia para el ejecutivo como la de reforma pensional; el avance de la reforma laboral; la nueva jurisdicción especial agraria; y la aprobación del nuevo cupo de endeudamiento por algo más de 15 mil millones de dólares; es evidente que la oposición también obtuvo triunfos relativos como las diversas mociones de censura que permitieron conocer las debilidades de algunos ministerios en la ejecución de sus respectivas políticas públicas como en Salud, Defensa y Agricultura; y especialmente sobre el gran escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo y Desastres. No menciono el hundimiento de la ley estatutaria de Educación, dado que en su fracaso concurrieron el gobierno y la oposición, ambos presionados por la fuerza sindical de Fecode.
No obstante, si se observa con atención la relación política entre gobierno y oposición, es inevitable aceptar que las mayorías del congreso se van consolidando en favor del ejecutivo, no propiamente por las bondades de sus propuestas si no por la eficacia con que funciona la llamada mermelada, la cual es inherente a nuestra clase política; pues ya no existen valores, principios y programas en los partidos que se convirtieron en maquinarias electorales al servicio de sus senadores y representantes, los cuales no ejercen dicha representación en defensa de los intereses nacionales si no en sus propios y personales beneficios.
La habilidad estratégica del presidente Petro se hace cada vez más notoria. Ante la opinión nacional e internacional cuestiona severamente a la vieja clase política responsabilizándola, en parte con razón, de los grandes males nacionales; al tiempo que manipula la consolidación de las mayorías en el congreso, avanzando en forma lenta pero segura en sus objetivos de alto valor, los cuales se evidencian en el desprestigio institucional del Congreso que corre parejo con el de los partidos y los expresidentes.
La propuesta reiterada de Asamblea Constituyente y/o del poder constituyente del pueblo soberano, tiene una fuerte carga conceptual e ideológica destinada a substituir la democracia por la autocracia demagógica y populista de la izquierda radical muy próxima a la bolivariana de Chávez.
Dicha estrategia va inexorablemente unida con la de la paz total, los diálogos con grupos criminales; las disidencias de las Farc y el ELN, claramente dirigidos a exigir como condición ineludible de su aceptación, a que se convoque el poder constituyente del pueblo mediante decreto del ejecutivo, como única y exclusiva condición de firmar una paz estable y duradera, con la cual se garantizaría además, acabar con la exclusión, las desigualdades sociales, los privilegios y una nación elevada a “potencia de la vida” donde corran ríos de leche y miel para todos sin odiosas discriminaciones.
Como se observa, vamos para la mitad del período constitucional del presidente Petro, hecho que hará arreciar la consolidación de la estrategia. Si el Congreso decide en la próxima legislatura negar los proyectos del ejecutivo, arreciará la campaña de su desprestigio. Si por el contrario, se consolida su captura, la justificación será acompañar sin reparos los grandes propósitos de un iluminado mesías que reivindicará con creces los sufrimientos del pueblo soberano.
Y desde luego, en éste probable escenario, la oposición sería aplastada con la fuerza y el poder del Estado, tal como ha ocurrido en ciertas vecindades. La alternativa se perfila cada vez con mayor nitidez. Mientras las llamadas fuerzas políticas de la derecha no asuman un liderazgo de unidad coherente y creíble, el camino estará expedito para la continuidad del proyecto bolivariano de Chávez.
Algunos se preguntarán con razón. Y el poder judicial, con la Corte Constitucional a la cabeza, que papel ejercerá frente a esta eventual coyuntura? Al respecto, conviene recordar que en el próximo año 2025 se renovarán 4 o 5 magistrados de la Constitucional donde ya el gobierno Petro introdujo al huilense Bladimir Fernández Andrade, quien oficio como Jefe Jurídico de la Presidencia.
Personalmente en este aspecto tengo mis dudas, las cuales se acrecientan con un hecho significativo reciente. El Cristo que adornaba la Sala donde deliberan y deciden los actuales 9 magistrados ha sido retirado, bajo la disculpa poco creíble de que se remodelará dicho espacio.
Lo digo con respeto por quienes profesan una fe diferente a la Cristiana Católica, entendiendo además que nuestro Estado Social de Derecho es de carácter laico. Pero nuestra nacionalidad institucional ha estado inspirada en la creencia de que Dios es el creador del universo y que su sacrifico en la cruz es poderoso símbolo de su presencia en nuestras vidas.
Con unas de cal y otras de arena seguimos navegando en un mar de incertidumbres.
