Amadeo González Triviño
No nos digamos mentiras. Los crímenes de lesa humanidad que precedieron el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al ser generador de violencia sobre más de 6.000 integrantes, militantes y simpatizantes de la UP, no pasarán de ser más que una sentencia que reafirma la realidad jurídica de nuestro país en la lucha contra el crimen y la pérdida por completo de respeto por la institucionalidad en todas las ramas del poder público que la componen y que será incapaz de hacer efectivo o de tomar su sentencia como mecanismo de protección y de apoyo a los ciudadanos de hoy en día y a quienes han de sucedernos en el mañana.
Para bien o para mal, según se sepa analizar y canalizar la sentencia o decisión final de la Corte Penal Interamericana de Derechos Humanos, no pasará de ser un simple saludo a la bandera y esa situación nos permite comprender la dimensión de la impunidad y la complicidad con el crimen, en uno de los elementos que hacen parte de la cotidianidad colombiana, como lo es lo ideológico, en cuanto se buscó exterminar y así se logró, silenciando y propiciando el exilio de muchos dirigentes de la Unión Patriótica, que alcanzaron a salir con vida o que fueron víctimas de atentados criminales que por ciertas circunstancias del destino, fracasaron en su intento por sumar más y más víctimas de este genocidio propiciado por el Gobierno Nacional y sus instituciones.
Este proceso histórico, que nunca se podrá descubrir o condenar al menos, a uno solo de los autores intelectuales, mucho menos a los encargados de ejecutar dichas decisiones, amén de la posible condena de inocentes o de testaferros del crimen que terminen negociando o reconociendo crímenes que no han cometido, a cambio de silencio, impunidad y así se distorsionen las investigaciones fiscales y judiciales, como sucede en todo proceso de dialogo o de paz concertada hasta con los peores delincuentes de la vida nacional, que hemos vivido y que se seguirán repitiendo desesperadamente sin una luz de esperanza por ahora.
Mientras esto sucedía los políticos de todas las corrientes y participantes del botín burocrático, se congraciaron con el silencio de la Administración de Justicia, en un contubernio que aún se mantiene vigente y que desde la Comisión de Absoluciones, hoy sigue campante, propiciando todo lo que tiene que ver con injusticia, inequidad, y con el crimen que desde las altas esferas se conoce, pero se silencia, que todos saben y a nadie le consta nada, en un sinfín de prebendas y reconocimientos que nunca dejaremos de alabar y de dimensionar como parte de un Estado Social de Derecho, modelo de democracia en Latinoamérica, por toda la eternidad.
La remembranza del nacimiento, exterminio y silenciamiento de la Unión Patriótica, es algo que no irá más allá, de saber y reconocer que nuestras instituciones no son confiables, que nuestras instituciones se corresponden con los intereses de clase, con los intereses económicos del potentado antes que los del gobernante, quien en la dimensión del reconocimiento de su poder, solo será un símbolo que a cambio de su sometimiento, está para dar apariencia de legalidad a lo ilegal, para darle apariencia de justicia a la injusticia, y para hacer inaccesible la posibilidad de encontrar algún día, el reconocimiento de los derechos fundamentales de uno por el otro.
En algunas ocasiones hemos pregonado que es posible que se dé un paso hacia la reconstrucción de la sociedad, el día en el que se logre instalar el gran jurado para un juicio de responsabilidad histórica contra la clase política, contra las altas cortes por su silencio cómplice y contra todos los que se han encargado de legitimar lo ilegitimo, de legalizar lo ilegalizable, de tornar en imposible todo lo que es posible, como es hacer justicia o encontrar el camino para ella.
Hoy nos unimos a la voz de la Senadora Aida Avella, cuando al conocer el fallo solo se limitó a reafirmar: “Aquí no existe ninguna posibilidad de interponer algún recurso, el Estado asesinó a la Unión Patriótica. Hoy, se nos ha dado la razón de todas las denuncias interpuestas, se seguirá conociendo la verdad, para que nadie en Colombia sea asesinado por sus convicciones políticas, independientemente de cuales sean”.
