Con hacinamiento, y sin una fecha clara para la entrega de las obras de la Unidad Permanente de Justicia (UPJ) de Neiva, las 267 personas privadas de la libertad en los Centros Transitorios, continuarán a la deriva.
DIARIO DEL HUILA, INFORME
Por: Gustavo Patiño
Luego de la solicitud hecha por la Procuraduría Regional de Instrucción del Huila a los mandatarios de los municipios de Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata, además del gobernador del Huila, para que rindieran informes detallados sobre las acciones enmarcadas en los planes de desarrollo municipales y departamental para contrarrestar el hacinamiento en las estaciones de Policía y los centros de detención transitoria, además de los cuestionamientos hechos en el Concejo de Neiva por la no terminación de la Unidad de Permanente de Justicia – UPJ, el secretario de Gobierno de la capital huilense José Ferney Ducuara se refirió a la situación de los centros de detención transitoria.
El funcionario señaló que el problema del hacinamiento carcelario es un problema nacional, “Nosotros lo que hemos hecho está documentado, hemos solicitado a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría Regional del Huila y al personero que hagan visitas técnicas a estas instalaciones”, aseguró, “ellos en los informes que tienen dan fe de las mejoras significativas que nuestra administración ha realizado frente a esta situación. Es un problema nacional, hay crisis carcelaria en todo el país”. Señaló que hay urgencia a nivel nacional para que se haga una reforma a la justicia y al sistema carcelario en el país, “porque le quedó grande al Estado colombiano garantizar esas condiciones y sobre todo cuando, de manera a la ligera, le trasladó unas responsabilidades a los municipios que no estaban preparados ni técnica, ni presupuestalmente para asumir, porque no tenemos los recursos, ni el talento humano para poder garantizar esa situación”, agregó Ducuara.
Cárceles municipales y regionales
Según informó a Diario del Huila el secretario de Gobierno, a través de la ley 1709 del 2014 el Congreso de la República modificó la ley 65 de 1993, “le trasladó unas responsabilidades a los municipios y departamentos, que no tenían y que eran a cargo de la Nación, sin estar preparados y lo peor sin asignación de recursos, les creó tremendo problema a los municipios porque les ordenó crear cárceles, crear guardias de vigilancia, cárceles departamentales y municipales, crear vigilancia, custodia, cuidado, bienestar”, señaló. Igualmente, a partir de julio del 2025 los entes territoriales, como lo afirma la Ley 2346 del 2024, deberán hacerse cargo de la alimentación en estos centros de detención, “ya no va a ser el INPEC a través de la USPEC, entonces mire el tamaño de problema en que el Estado, por esa arquitectura institucional a través de estas leyes de la República, le traslada un problema tan gigante, tan tremendo, a los municipios, que no tienen como construir cárceles, garantizar la guardia, todas las condiciones que ha dicho la sentencia SU122 del 2022 de la Corte Constitucional y mucho menos los alimentos por los precarios recursos. El estado les transfiere todas esas responsabilidades a los municipios, pero nunca les transfiere los recursos para atenderlos oportunamente”, aseguró.
Ducuara señaló que el caso de Neiva es el más visible al ser la capital y porque es el único municipio que está cumpliendo con las orientaciones generadas por el congreso, “¿en dónde están los detenidos de los municipios? en la subestaciones de Policía, todos están en las subestaciones de policía, cuestión prohibida por la ley y sobre todo por la Corte Constitucional en la sentencia que acaba de salir, la sentencia T089 del 2024 donde la corte, con ponencia del huilense Vladimir Fernández, ordena qué es el INPEC la entidad del orden nacional que tiene que recibir a las personas detenidas”, afirmó. La sentencia de la Corte Constitucional señala que las subestaciones y CAI no cumplen con los requerimientos señalados en la sentencia SU122 de 2022, el secretario de Gobierno afirmó que los detenidos son responsabilidad del municipio hasta las 36 horas de haber sido capturados, “y después de allí es que cae el municipio en unas obligaciones que no puede cumplir ¿por qué? porque las condiciones de esparcimiento, de entretenimiento, pues no la tiene en un centro de detención transitoria, como un patio, como un sitio donde tener diversión o entretenimiento, no lo hay”, aseguró.
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‘Se retomó la obra de la UPJ’
El funcionario señaló que en los seis meses que lleva la administración Casagua, se ha logrado generar adecuaciones en las bodegas de Alpina, que actualmente funcionan como centro de detención transitoria, “logramos construir una celda nueva con capacidad para 80 detenidos, reforzamiento estructural de toda la bodega, baños, sanitarios, tapabocas, guantes de vinilo, un computador nuevo con impresora, con sillas y pintura de las instalaciones para que tengan condiciones dignas de reclusión, eso no existía antes, lo hicimos nosotros en solo 6 meses de gobierno, como también acelerar el proceso de terminación de la UPJ”. En cuanto a la Unidad de Permanente de Justicia – UPJ, Ducuara aseguró que, luego de un informe de la interventoría donde se determinaba que el techo que se había proyectado instalar no cumplía con los protocolos de seguridad, la obra tuvo que suspenderse, “va a haber allí seis celdas en funcionamiento que van a tener clasificación por mujeres, hombres, niños, niñas y población LGBT, entonces al detectar esa falla por parte de la interventoría se decidió cambiar esa cubierta por una de mayor seguridad, más fuerte, esa teja no estaba disponible en el país, hubo que suspender la obra por más de dos meses y en los primeros 20 días de junio se reiniciaron las labores de obra blanca y labores de construcción del tanque de almacenamiento de agua, porque cómo van a haber allí personas, seres humanos, y llega a irse el agua en la ciudad, cómo les garantizamos a ellos agua, higiene”, aseguró.
El secretario de Gobierno señaló que es un esfuerzo financiero muy grande para el municipio el garantizarle las condiciones humanas a los detenidos en los centros transitorios, “es un tema presupuestalmente difícil, terminar la UPJ y pagarle al contratista nos vale más de $2.200 millones, pagamos un poco más de 250 millones al año de arriendo por las bodegas de Alpina ,con las condiciones de modificación de pintura, de nueva celda, de reforzamiento, de baños, baterías sanitarias y pintura y, aun así, con todos los esfuerzos que ha hecho la Administración Municipal, es insuficiente porque ellos todavía, las familias, se quejan a veces de este trato, tanto que prefieren estar en la cárcel de Rivera, que también tiene hacinamiento y tiene un tema de tuberculosis, pero fíjese que de los condenados que son más de 72, solo hemos logrado que el INPEC nos reciba a 53”, agregó.
Afecta la inversión en seguridad El secretario insistió en que el problema de los centros de detención transitoria afecta el ejercicio de la política de seguridad dentro de la capital huilense, “la gente en la calle dice capturelo, bandido, ladrón, delincuente, y la Policía lo captura, pero no sabe la gente qué hay después de eso; un preso le cuesta al municipio 38 millones de pesos al año y ¿de dónde vamos a sacar recursos? la plata del fondo la utilizamos para cuidar presos o invertimos en seguridad, en tecnología, en cámaras, en innovación, en drones, en equipamientos, en equipos de seguimiento e interceptación, fortalecimiento de motos policías, patrullas, prevención del delito. Y entonces con los poquitos recursos que tenemos, que además nos toca pagar el funcionamiento de los CAI, de las salas IES, de la fibra óptica, de las cámaras, de los servicios públicos, no tendría la ciudad unos recursos para poder atender esta demanda de obligaciones legales”, finalizó.
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