Para Jaime Granados, apoderado de Uribe, es claro que la formulación de cargos que hizo la Corte Suprema no se puede equiparar con la medida de aseguramiento (ley 906), y que la tutela sí es el vehículo idóneo para definir el caso.
«Que se declare que se han vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa del doctor Álvaro Uribe, en tanto que en su caso se le está dando la condición de imputado, conforme a la ley 906 de 2004, sin tenerla», dice la impugnación.
Y solicita que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa libertad que le asisten Uribe, por lo tanto, se deje sin efectos lo decidido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá, en punto a atribuirle la condición de imputado al exmandatario, manteniendo su libertad, al no ser un tema en discusión.
Para Granados, la Fiscalía tiene varias opciones procesales para resolver el tema, como lo son la preclusión, la acusación o el principio de oportunidad. Sin embargo, asegura que «dejaría las garantías del accionante supeditadas al comportamiento procesal de un tercero estatal, cuestión que riñe, precisamente, con la garantía del debido proceso que se predica directamente el afectado».
