El expresidente Álvaro Uribe Vélez criticó fuertemente las recientes declaraciones de magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), quienes aseguraron que las ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’ correspondieron a una política de Estado basada en un “conteo de cuerpos” como indicador de éxito militar. Estas declaraciones se enmarcan en investigaciones sobre los crímenes cometidos durante el conflicto armado en Colombia, que registran 6.402 víctimas según la JEP.
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En el Foro Futuro Colombia del Centro Democrático, Uribe rechazó esta versión, señalando que si bien se cometieron crímenes por parte de miembros del Ejército, no puede aceptarse que estos sean catalogados como una política estatal. “Yo no puedo aceptar la ligereza de la JEP de decir que los falsos positivos fueron una política de Estado”, afirmó. Según el exmandatario, las acusaciones confunden los términos de «Estado» y «gobierno» y atentan contra la credibilidad del tribunal de paz.
Uribe también aseguró que, durante los años de su administración (2002-2010), no se instauró ninguna directriz que promoviera asesinatos de civiles para ser presentados como bajas en combate. Apoyó su argumento al citar declaraciones del padre Francisco de Roux y del exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, quienes, según el expresidente, han negado la existencia de esta política.
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Las declaraciones de la JEP y la respuesta del expresidente han generado un debate en el país sobre la responsabilidad de las instituciones y los gobiernos en los crímenes del conflicto armado, así como sobre la legitimidad del sistema de justicia transicional para abordar estos casos.
