Ahora, cuando parece que ya hay suficientes vacunas para toda la población y la pandemia ha llegado a un punto crítico con sus variables y contagios aumentados en todo el mundo, todo pareciera indicar que la única forma de superar temporalmente el problema es con la vacunación masiva de la población. Sin embargo, como en todos los comportamientos humanos, surgen en este campo detractores de la vacunación; un sector de la población que se resiste a vacunarse, por razones que van desde creencias religiosas, pasan por ignorancia, desinformación e incluso con fundamentos científicos dudosos para la no vacunación. En Estados Unidos, donde las vacunas abundan, se dice que hay cien millones de personas aun sin vacunarse; el movimiento antivacunas es anterior al COVID-19.
Surge entonces una antinomia de si es posible imponer la vacunación obligatoria; que el Estado la ordene a los ciudadanos o si debe existir libertad y autonomía para vacunarse.
Consideramos que de conformidad con las garantías fundamentales que la Constitución Nacional confiere a los colombianos, las personas son libres y en ejercicio de esa libertad se encuentra precisamente el derecho a vacunarse o no vacunarse; se trata de una opción que no puede eliminarse bajo el pretexto de la solidaridad social o de combatir la pandemia. Sin embargo, la decisión de no vacunarse es peligrosa para la persona que la toma y para toda la colectividad social. Afecta el sistema de salud, pues lo congestiona; la mayoría de los hospitalizados no tienen la vacuna y el 98% de los decesos son de personas que no estaban vacunadas.
Lo que si puede hacerse, es precisamente seguir la vía que vienen transitando algunos países; adoptar políticas de incentivos y de restricciones para quienes se vacunen y para quienes no se ha vacunado. El Presidente de USA ha pedido a los gobernadores que estimulen las vacunaciones ofreciendo 100 dólares a quienes lo hagan; otros países solo permiten el uso del transporte público y la entrada a templos, estadios, restaurantes, etc., a quienes estén vacunados; para viajes aéreos internacionales hay que tener la vacuna.
Creemos que es lo que debe hacerse; una política bien diseñada, con fundamento en la defensa de la salud pública de todos los colombianos; respetando la libertad y la dignidad de las personas; garantizando el acceso a la vacunación de todos; estableciendo estímulos y restricciones para vacunados y no vacunados.
En Colombia estamos llegando a las veintiocho millones de vacunas aplicadas y ya estamos vacunando prácticamente a toda la población mayor de edad; una política de incentivos y restricciones debe ser bienvenida y puede ser el instrumento adecuado para lograr la inmunidad social, con pleno fundamento en constitucional. La Constitución también impone deberes, advierte el artículo 49: “Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad” y no podemos perder de vista que sus derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás; advierte el artículo 95 como deberes de la persona, “Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”.
