Por: Ernesto Cardoso Camacho
Con ocasión de la anunciada visita al Huila del expresidente Uribe prevista para hoy sábado 20 de mayo, es necesario recordar que estamos muy próximos a vivir una de las decisiones mas trascendentes del sistema judicial que, para bien o para mal, habrá de definir buena parte del futuro inmediato de la política nacional.
Como bien se sabe, el martes 23 y miércoles 24 de mayo, se verificará la audiencia pública que habrá de resolver si al expresidente se le precluye la investigación penal por el presunto delito de manipulación de testigos y fraude procesal, en el sonado caso judicial donde el testigo estrella es el delincuente Monsalve preso en la Picota.
Conviene recordar que el origen de la investigación tiene como fundamento la decisión adoptada hace ya más de 5 años por el Magistrado Barceló; quien resolvió exonerar al senador Cepeda; denunciado por Uribe de visitar establecimientos carcelarios buscando testimonios de delincuentes para que declarasen en contra del expresidente y de su hermano Santiago, como promotores del llamado grupo paramilitar de los Doce Apóstoles. Es decir que Barceló, en una maniobra judicial de altísimo contenido político, convirtió al expresidente Uribe de denunciante a sindicado.
Luego se conoció la polémica decisión del Magistrado Reyes, quien como instructor ponente no llamó al expresidente a versión libre como se acostumbra en tales procedimientos, ordenando la medida de aseguramiento contra Uribe, hecho que condujo a su renuncia al Senado y a que fuera confinado a su residencia, luego de haber sido reseñado como vulgar delincuente y expuesto ampliamente al escarnio público a través de los diversos medios de comunicación.
Así se dio comienzo a toda una estrategia bien diseñada y ejecutada dirigida a debilitar la imagen personal y el liderazgo político del expresidente, luego de haber ganado una dura batalla democrática cuando se votó el plebiscito por la paz de Santos con las Farc. Allí confluyeron sus principales contradictores políticos en un coro sistemático donde el protagonismo de los creadores de la JEP y de la Comisión de la Verdad se encargaron de venderlo como el peor asesino de la historia nacional responsable de más de seis mil víctimas de los llamados “falsos positivos”.
Así se estructuró la infamia dirigida a sacarlo del camino, para abrirle el espacio político a las fuerzas asociadas con la izquierda radical que buscaba obtener el poder por la vía democrática, pues fue quien tuvo el coraje de abortar su llegada por la sangrienta vía armada, con su exitosa política de seguridad democrática.
Recuperada su libertad, tuvo la visionaria claridad de advertir lo que habría de venir con su famosa frase “ojo con el 2022”. Petro cabalgó sobre los efectos devastadores de la pandemia y aprovechó hábilmente las graves falencias y equivocaciones del presidente Duque. Muchos no le creyeron a Uribe y hoy padecemos las consecuencias.
La estrategia de la infamia ha producido abundantes frutos. La Fiscalía y la Procuraduría han solicitado la preclusión de la investigación penal por considerar que no existe evidencia probatoria para pasar a la etapa de juicio. No obstante, la jauría de detractores se sigue moviendo con inusitada audacia. Ahora han acudido a las declaraciones del criminal Mancuso ante la JEP.
En este contexto bien cabe preguntarse si triunfará la justicia o si se impondrá la infamia. El desenlace podría ser que, si se impone la justicia, habría preclusión, aunque la decisión seguramente será apelada para prolongar los efectos de la infamia. Si por el contrario se impone la infamia, querría decir que el objetivo final sería llevarlo a juicio para condenarlo y liquidar así una brillante carrera política, con lo que además lograrían destruir el único muro de contención político que significa el liderazgo de Uribe. Aunque lo más grave sería, en este caso; las impredecibles consecuencias en la estabilidad institucional de la Nación, dados los muy altos niveles de la polarización ideológica y política que se estimulan desde el balcón presidencial.
