Según se pudo conocer el Gobierno Nacional, mejoró la alimentación y calidad de los niños, pero en relación a la cantidad dada, es igual a la suministrada anteriormente. Lo que conlleva a que en caso de faltar algún producto, las madres comunitarias, deben comprarlo.
Otro hecho incomodo, se da en los contratos laborales, que anteriormente eran a término indefinido, lo que les daba garantías a la hora de hacer un préstamo, pero en la actualidad los suministran por dos meses y les cancelan el sueldo los días 15 o 20, afectando sus obligaciones, porque como ellas dicen los bancos no dan espera.
Y de las cerca de 520 madres comunitarias que hay en Neiva, cerca de 400 manifestaron en Neiva, y a nivel nacional todas tienen la misma problemática.
Los incumplimientos
En relación a los motivos que llevaron a las madres comunitarias a protestar frente a las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ubicado en la calle 21 con carrera 1, Ana Chacón, presidenta del Sindicato de Madres Comunitarias de Neiva, manifestó: “estamos pidiendo que el Gobierno Nacional cumpla con los acuerdos que se llevaron a cabo el 11 de febrero del 2023. De los puntos en mención el que han realizado de manera lenta, es el subsidio de vejez para las madres comunitarias”.
Asimismo, el Estado mejoró la alimentación y calidad de los niños, pero en relación a la cantidad dada, es igual a la suministrada anteriormente.
“Esta situación ha afectado el servicio, porque nosotras preparamos los alimentos de los niños y si nos falta algún producto, tenemos que comprarnos con nuestros recursos”, dijo la vocera.
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Sin estabilidad laboral
También, “nos están incumpliendo en torno a contratación laboral, firmamos una prórroga de contrato por dos meses, no nos cumplen con la solicitud que se había llevado a cabo en el paro anterior, donde solicitamos que las estipulaciones fueran por dos años”, dijo la líder.
A causa de esta incertidumbre laboral, las madres comunitarias, tienen dificultades para que los bancos les otorguen un préstamo, ligado a ello, las que cuentan con esas obligaciones financieras se ven obligadas a endeudarse, mientras les pagan el sueldo dijo una de las manifestantes ¡cuando llega el pago, ya uno lo debe!
“Y nos perjudica en las prestaciones sociales, en la liquidación, en todo nos afecta, el pago es cada 41 días, y debido a ello se atrasa uno con los servicios públicos, por ejemplo EPN, Electrohuila no nos esperan, a que cancelemos la factura”, agregó la presidenta del sindicato.
Asimismo, los contratos se han realizado contrato de manera esporádica, indicó María Isabel Torres, “nos perjudica la liquidación, y decían que las madres comunitarias, teníamos un contrato indefinido y no es así, cada dos meses lo firmamos, y con la misma temporalidad cambian de operador, hecho que genera incertidumbre”.
Las van a escuchar
Asimismo, se conoció que hoy en el Concejo Municipal, van a ser escuchadas por los cabildantes, “queremos reclamar porque el Municipio y la Gobernación, también tienen que estar pendiente de nosotras, tenemos nuestros niños en el hogar y pagamos servicios públicos, por ejemplo agua, gas para preparar los alimentos, luz para hacer las actividades lúdicas. Y no nos subsidian nada de eso. Deberían exonerarnos del impuesto predial porque prestamos nuestras casas para atender el servicio a los niños y de paso a los padres de la ciudad, quienes salen a trabajar”, dijo Ana Chacón.
En la época de una gobernadora, nos ganamos la exoneración del impuesto predial y en la actualidad a dos compañeras, les han embargado las casas, desconociendo este decreto.
Ahora, en cuanto a los sueldos que ganan, se logró conocer que las madres Fami, quienes se encargan de atender a las madres gestantes y lactantes, y a los niños hasta dos años, enseñándoles a las familias buenas prácticas de cuidado y crianza, devengan solo la mitad de un salario mínimo legal vigente, mientras que las madres comunitarias quienes se encargan del bienestar de los niños de dos años en adelante, si alcanzan el sueldo completo y la propuesta es que ambas ganen el mismo rubro por el buen trabajo que realizan.
Le embargaron el sueldo
Incluso tuvimos la oportunidad de conocer un caso, se trata de la madre comunitaria, Martha Rudendo, quien nos contó: “a mí Empresas Públicas de Neiva, me embargo el salario que son $723.000, por una deuda de $996.000, en el momento que fui a retirar el sueldo me di cuenta de esta situación. A nosotros nos pagaron el mes de septiembre, el 13 de octubre del año en curso, pero no es responsabilidad de la asociación, sino del ICBF”.
Fui a EPN, donde hicimos un pacto de pago, allí le propuso a los funcionarios, que le descontaran $500.000 y le dejaran $223.000. “Y no pude cancelar la deuda oportunamente ya que tuve un percance familiar, y también el ‘sueldito’ es muy poco”, dijo la mujer.
A su turno, Graciela Oviedo, tesorera del sindicato, señaló. “El Gobierno hace unas cosas muy injustas, hemos pedido que el paquete alimentario suministrado a las madres comunitarias Fami para que sea igual, desafortunadamente no escucharon nuestro consejo. “Para las madres gestantes y lactantes, la ración suministrada es grande, da tristeza ver la cantidad dada para los niños de seis meses, y para los menores de un año a dos, le dan más productos”.
La denunciante, agregó que la solicitud, ya fue puesta en conocimiento del Gobierno Nacional en el año 2023.
Además, les dieron unas cartillas para que trabajen con los niños, pero la mayoría de las madres comunitarias tienen edades avanzadas y tienen problemas de visión, por lo que se les dificulta realizar este plan.
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Derecho vulnerado
Por otra parte, una madre de comunitaria, quien lleva 23 años desempeñándose en este oficio, contó que en el mes de marzo tuvo un problema de salud, estuvo con capacidad médica, cuando ya el galeno le dijo que podía laborar nuevamente, se dirigió a la empresa operadora y esto le informaron. “Que no tenía vínculo laboral con el ICBF, ni ninguna clase de contratación, estaba era por un fondo de solidaridad. Este hecho emocionalmente me afectó, acudí al sindicato y gracias a Dios me resolvieron la situación”.
Además, los funcionarios pretendía cerrar la unidad de servicios, donde labora la mujer, de paso afectaban a todos los niños que tiene a su cargo.
El arriendo no las espera
Otro de las consecuencias, derivada del escaso sueldo y la mora en su cancelación, la dio a conocer Sindy Reinoso, quien ya lleva 15 años siendo madre comunitaria, “es complejo el panorama para quienes deben pagar el arriendo, ahora los bancos no dan espera, sino se cancela a tiempo, cobran intereses”.
Le están cumpliendo en los pagos, pero no en las fechas estipuladas. “Nos hemos visto abocadas a recurrir a los ‘gota gota’ para cancelar la deuda crediticia, y toda la familia se ve afecta por la demora de los sueldos, que debería darse el pago finalizando el mes, por eso uno coloca las obligaciones financieras para los primeros días de cada periodo”, dijo la denunciante.
Por su parte, Marisol Díaz, quien vive en carne propia el acoso de su arrendatario, puntualizó, “y ahora anteriormente, los 28 de cada mes, nos cancelaban el sueldo, ahora nos pagan el honorario atrasado los días 20, por esta causa me veo en la obligación de decirle a la dueña el inmueble que me de tregua para cancelarle, y a veces no me cree. Y con los servicios públicos debo prestar dinero y pagar el interés correspondiente”.
