ERNESTO CARDOSO CAMACHO
Después de tantos ruidos de la demagogia populista del presidente Petro con relación al poder constituyente del pueblo, “su pueblo”; ha quedado claro que la convocatoria de una Asamblea Constituyente mediante la cual buscaba su eventual reelección o al menos el alargue del período; ha quedado plenamente descartada, salvo que previamente tenga viabilidad política un Acuerdo Nacional en donde confluyan todos los partidos y movimientos sociales, los gremios, la academia, las iglesias y demás organizaciones que en conjunto representen los verdaderos intereses de la sociedad colombiana, aunque desde luego en tal circunstancia, la reelección o el alargue del período no estarían en la mesa de discusión.
La polarización ideológica promovida y estimulada desde el gobierno ha generado incertidumbre, violencia, criminalidad, corrupción, así como el decrecimiento económico del que hablaba la primera ministra de Minas y Energía, pero sobre todo un evidente malestar ciudadano que exige soluciones y no demagogia populista.
El esquema de partidos de gobierno, independientes y de oposición ha entrado en franca crisis, pues los actores políticos y congresistas colocan por encima de los altos intereses nacionales, sus mezquinos y personales intereses para favorecer a sus reducidas clientelas con puestos y contratos, es decir, con la famosa mermelada. Lo ocurrido en la Unidad Nacional para la Atención de Riesgos y Desastres ha rebosado la copa de la asquerosa corrupción producto del sistema político y electoral; el cual ha sido protegido por un sistema de justicia donde campean la impunidad y el intercambio de favores entre el legislativo, el ejecutivo y la rama judicial, cooptando además los organismos de control.
En este escenario de la actual coyuntura nacional es indiscutible que los colombianos deseamos unas reformas estructurales que permitan mejorar los indicadores sociales, acabar privilegios y estimular el progreso colectivo; así como garantías de seguridad y orden donde los derechos individuales y sociales sean realmente protegidos por el Estado, como corresponde en una verdadera democracia donde se respeten la libertad y las instituciones. La tarea por hacer es mejorar lo bueno que se ha hecho y no destruirlo, corrigiendo las falencias y desigualdades que nos permitan crecimiento económico y oportunidades de progreso y bienestar sin exclusiones.
La última carta jugada por el presidente y sus alfiles más cercanos fue recurrir al texto del Acuerdo de Paz de Santos con las Farc, distorsionando irresponsable y cínicamente el texto depositado en el Consejo de Seguridad de la ONU, para justificar la idea de convocar una Constituyente por decreto, bajo el pretexto de exigir al Estado el riguroso cumplimiento de tal Acuerdo, sin pasar por el Congreso y eludiendo el previo control constitucional de la Corte. Es decir que el llamado golpe blando por el presidente Petro, lo quería convertir en auténtico golpe de Estado propiciado por él mismo.
Por fortuna el artilugio constitucional construido por el excanciller Leyva y el exfiscal Montealegre ha nacido muerto, al punto que el propio Petro ya fue explícito en manifestar que no le interesa su reelección ni el alargue de su período, aunque fiel a su estilo ambiguo y torticero agrega que quizá más adelante si exprese tal interés.
Lo curioso del caso es que el texto del Acuerdo consignado en la ONU habla de manera explícita y literal de propiciar un Acuerdo Político Nacional, mecanismo que desde luego podría derivar en una Constituyente, o en un Referendo y/o en Actos Legislativos, todos ellos con origen en el Congreso tal como de manera expresa se señala en el artículo 374 de la Carta.
En conclusión, la evidente debilidad que sufre hoy el gobierno, aunada a la inequívoca personalidad mesiánica del presidente Petro, permiten presumir que dicho Acuerdo Nacional sería muy difícil de construir; pues por una parte el tiempo no es favorable dado que las discusiones serían muy prolongadas; los posibles temas de refrendación popular para presentar a la ciudadanía muy complejos y el número de sus integrantes difícil de concertar. Pero quizás el mayor obstáculo que atentaría contra la consolidación del Acuerdo se avizora en las conversaciones de paz total que ya está concretando el gobierno con sectores insurgentes como el ELN, bandas criminales y las disidencias de las Farc comandadas por Márquez y Mordisco. En tales mesas de paz seguramente surgirán presiones muy fuertes hacia el gobierno para que éste incluya en la temática del Acuerdo, hecho que sin duda alguna generará un rotundo y radical rechazo de los partidos con presencia en el Congreso.
El escenario se presenta así muy poco favorable para concertar el Acuerdo Nacional, mientras que la economía se deteriora; la crisis fiscal de la Nación se acrecienta; el desorden público, la violencia y la criminalidad desbordan la capacidad de las fuerzas militares y de policía; las elecciones de Congreso y presidenciales del 2026 se acercan con ritmo vertiginoso; en fin, se presagian muchos nubarrones que podrían generar grandes tempestades.
Lo único sensato sería que, del posible aunque improbable Acuerdo Nacional, se decidieran ciertas reformas constitucionales necesarias y urgentes como las del sistema político y electoral; la de la justicia; y de los organismos de control; las cuales podrían concretarse a través de Actos Legislativos apoyados por las mayorías del Congreso.
