Los afectados por la violencia interna, piden que se den las acciones específicas y las garantías no solamente a la Mesa Departamental de Víctimas, sino para todas las 200.000 que se encuentran en la región. Frente al incentivo que les otorgan por trabajar en representación de este grupo poblacional, señala la Gobernación, que varios de operarios, no contaban con el RUT, por ende se retrasaron los pagos.
Las peticiones en la mejora de recursos, se han presentado principalmente en los municipios de Pitalito y Garzón.
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Las demandas realizadas
En cuanto a las demandas, realizadas, Edna Rocío Pinto, coordinadora de la Mesa Departamental por Hechos Victimizantes de Desplazamiento Forzado, señaló: “nos encontramos con el plenario de la Mesa Departamental, queremos dialogar con el gobernador, Luis Enrique Dussán, para manifestarle, las falencias en temas que nos afectan y de vulneración de derechos. Desde los municipios, tenemos quejas, porque de los $2.500.000, que les da el gobierno para las unidades productivas, no está alcanzando para tal fin”.
Según indican, los precios de los equipos y herramientas, son muy costosos, entonces, no les alcanza el dinero dado.
También, esperan que les cancelen el incentivo de participación, incluso varios exfuncionarios, ya se han ido y aún no les cancelado el rubro que les adeudan.
“No nos han dado tampoco una solución, hicieron unos pagos del incentivo de participación, a ‘medias’, porque muchos compañeros que hicieron parte de la Mesa Departamental, ya salieron y no les han cancelado, ni a el plenario de la misma, cuando antes se venían dando estas garantías, terminábamos plenarios o actividades, encuentros y de una vez nos cancelaban”, dijo la coordinadora.
También, tienen quejas del actual operador, que tiene su sede en Bogotá, pues tiene contrato con un hotel en Neiva, donde se reúnen a realizar sus actividades, sin embargo, indican que el local no cuenta con sitios adecuados para sesionar y no van a volver a estas instalaciones. Les indicaron que el presupuesto es poco, por ende no les pueden dar un mejor lugar.
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¿Qué dice la Gobernación?
Frente a este tipo de situaciones, Mauricio Muñoz, secretario de Gobierno Departamental señaló: “se les ha dado a las víctimas todas las garantías, por parte del Gobierno Departamental y es aceptable que en temas administrativos puede haber demoras, ya que anteriormente se pactaba con Fundación del Alto Magdalena, y ahora lo maneja directamente la Oficina de Contratación, que consideró, colocarlos en convocatoria pública, a través de una selección abreviada”.
El funcionario hizo mención que hay un operador cumpliendo con las actividades de esta población, como alimentación, donde se habrían presentado críticas por que a uno les gusta otras comidas y a los demás no.
Desean dialogar con el gobernador
Los líderes de las víctimas, indicaron que desean poner en conocimiento del mandatario de los huilenses, estas problemáticas y hasta el momento no ha sido posible la reunión, pues les comunican, que el funcionario, se encuentra realizando el empalme con el nuevo gobernador.
Ellos argumentan, que no necesitan una hora de diálogo, sino cerca de 30 minutos de escucha. “Porque nosotros como víctimas, tenemos una ordenanza que es la 035 del 2000 y lo que pedimos, es que se den las acciones específicas y las garantías, no solamente para la Mesa Departamental, sino para todas las víctimas del departamento del Huila”, añadió, la líder.
Iniciaron a trabajar tarde
La vocera señala que en un primer momento, la fundación ya mencionada, iba a trabajar con ellos, y luego realizaron unos cambios, causando demoras para que desde la Mesa, iniciara a trabajar.
“Nos dijeron que había un proceso de licitación y luego nos indicaron que una funcionaria de contratación, cometió un error, y tuvieron que hacer una licitación, y hacía mediados de junio, se dio el convenio”, añadió la coordinadora.
A raíz de este retraso, señalan que se encuentran demorados, en la realización de las actividades a su cargo.
Asimismo, Carlota Corredor, del municipio de San Agustín, puntualizó: “en nuestros territorios tenemos nuestros compromisos, por ejemplo desde el 1 de diciembre de 2023 al 15 de enero de 2024, vamos a tener la Feria de Emprendimiento y vemos que en el departamento, hubo incumplimiento y nos van a sobrecargar con muchos eventos ya finalizando el año”.
Por su parte, Emilse Méndez, integrante del Comité Ejecutivo, añadió: “no solamente estamos viendo la vulneración el derecho a la participación, sino también el incumplimiento de la Gobernación en el tema de Comités y Subcomités Técnicos, que es responsabilidad del departamento. Y del Comité de Justicia, que es la máxima instancia de aprobación de políticas públicas de víctimas y el tema de seguridad de todos los líderes sociales”.
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La guerra en Colombia
En este sentido, el Comité Internacional de la Cruz Roja, señala. “Las consecuencias humanitarias de los conflictos armados y la violencia continúan afectando de forma significativa a miles de personas, con mayor intensidad en algunos territorios. Todo ello como resultado de los siete conflictos armados no internacionales que hay actualmente en Colombia, de acuerdo con la clasificación jurídica que realiza el CICR con base en los criterios del derecho internacional humanitario (DIH)”.
En el primer semestre de 2023, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) registró 162 víctimas de diferentes tipos de artefactos explosivos, entre los que se encuentran minas antipersonal, restos explosivos de guerra, artefactos lanzados y de detonación controlada.
Entre las víctimas registradas, 27 fallecieron, mientras que las demás sobrevivieron con profundas secuelas físicas y psicológicas que permanecerán a lo largo de sus vidas. En estos hechos, destaca que la población civil sigue siendo la principal afectada: el 53% de las víctimas reportadas corresponde a civiles.
Otro elemento relevante es el cambio de tendencia en el fenómeno. Entre enero y junio de este año, el número de víctimas se redujo en un 42% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Esto se debe, principalmente, a la disminución de la afectación por artefactos explosivos de detonación controlada, pues en el primer semestre de 2022 este tipo de artefactos generó 212 víctimas, mientras que en lo trascurrido del 2023 ha ocasionado 20.
Víctimas registradas
En Colombia están registradas más de nueve millones de personas como víctimas del conflicto armado interno, lo que representa que un 18,2% de la población del país se ha visto afectada por este flagelo, motivo más que suficiente para que en el marco del Acuerdo de Paz se encuentren en el centro, a fin de restablecer sus derechos, reparar y no olvidar.
Y aunque para esta población existe la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el Acuerdo Final de Paz no podía dejar de incluirlas, vinculando en su punto cinco acciones puntuales dentro del capítulo denominado “Acuerdo sobre las víctimas del conflicto: “Sistema integral de Verdad, Justicia, reparación y no Repetición” incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz; y compromiso sobre Derechos humanos.
Al 31 de marzo de 2023, 23.332 personas han recibido indemnización individual, esto ha significado $185.649.346.481 millones y, 23.616 han recibido atención psicosocial, de ellas 15.459 son mujeres.
