Por: Paloma Valencia
Nuestros niños no pueden seguir expuestos a la violencia. El caso de Sofía Delgado es estremecedor y debe movernos a actuar con contundencia para construir un futuro seguro para todos los niños de Colombia.
Personalmente, lamento que la Corte Constitucional haya considerado que la cadena perpetua para violadores de niños era una sustitución constitucional. Creo que el mecanismo pretendía dar un mensaje poderoso: no hay en Colombia un crimen más grave.
Sin embargo, el asunto no se limita a un depravador y degenerado asesino; la violencia intrafamiliar alcanzó más de 42 mil casos en lo corrido del 2024. Las más afectadas son las mujeres y luego los niños. El 12,5% de la violencia intrafamiliar se da contra los niños, y el padre es el mayor perpetrador con cerca del 36% de los casos, seguido por la madre con el 31%. Según Medicina Legal, la causa principal es la intolerancia y el machismo, que explica un 80% de los casos, seguido por el consumo de alcohol y drogas con el 12,52%. En el 65% de los casos se atacó a las víctimas con un artefacto contundente.
La violencia sexual aumentó a septiembre más del 15%. Lo escalofriante del asunto es que Medicina Legal estima que el 60% de los casos se da contra menores de edad y el 77% de los casos ocurren en la propia vivienda. Además, en el 49% de los casos, el violador es un familiar, seguido por un conocido (25%) y una pareja o ex pareja (11%).
Que nuestros niños enfrenten más peligros en su propia casa que fuera de ella no es un asunto menor. Nos habla de una crisis profunda en las familias y de la necesidad de actuar para que el hogar sea un espacio seguro. Mi ley “Estado Contigo” creó todo un sistema de alertas tempranas para monitorear a niños en situación de riesgo. Las familias, profesores, comisarías, pediatras y la Fiscalía tienen que alimentar una ficha con todo el desarrollo del niño: desde la nutrición, enfermedades crónicas, riesgos de salud, vacunación, talla, peso, escolaridad, rendimiento académico, amenaza de reclutamiento forzado y violencia dentro del hogar, hasta casos de violencia sexual en la familia. Sin embargo, el gobierno Petro no ha querido reglamentar el sistema. El país necesita hoy un mecanismo de prevención de delitos contra menores.
El ICBF, tal como lo tenemos, de poco sirve. Sus intervenciones se dan cuando ya el daño está causado en la mayoría de los casos. Y las acciones preventivas que sacan al menor de su familia para meterlo en lo que sería una especie de cárcel solo se ameritan en casos muy extremos, y es casi peor en la mayoría de situaciones.
El suicidio también debería encendernos alarmas. Aunque se presenta una disminución en este año, los casos están por encima de 1.900 al corte de septiembre. Lo grave es que hay una tendencia que se ha mantenido durante los últimos años: cerca del 11% de los casos son menores de 17 años, donde este año hemos tenido 11 casos de niños entre los 5 y 11 años. Y otro 32% de los casos ocurre entre los 18 y 28 años, etapa denominada como la juventud temprana según Medicina Legal. Aún no tenemos estadísticas claras sobre salud mental, pero el país también está retrasado en una política pública sobre el estado mental de nuestros niños y jóvenes. Estamos preparando un proyecto para tratar y controlar de mejor manera la venta de productos que se utilizan para quitarse la vida.
La Ley “Estado Contigo” también busca que el ICBF ponga en sus prioridades a las madres cabeza de hogar, identificándolas alrededor del país y priorizándolas en los programas sociales del Estado, además de ofrecer un acompañamiento por parte del ICBF. Es momento de no solo lamentarnos por nuestros niños, sino de actuar.
