La situación de orden público en el país se encuentra desbordada, ante la arremetida de los grupos criminales que han venido siendo ponderados por el gobierno nacional y que, con el sofisma de distracción, nos han querido vender a la sociedad colombiana la propuesta que se está implementando una política pública de la paz total, pero que hasta el momento ha sido un fracaso total, así los áulicos del presidente Gustavo Petro Urrego expresen lo contrario. El accionar gubernamental ha sido totalmente errado, porque los diálogos y los ceses bilaterales de fuego con estas organizaciones narcoterroristas, solo han servido para se sigan fortalecimiento militarmente. Se ha multiplicado el reclutamiento de menores de edad, se ha incrementado exponencialmente la extorsión, junto con los ataques a los integrantes de la Fuerza Pública y del Ejército Colombiano, asesinándolos a mansalva, ataques terroristas a las guarniciones militares. No existen mensajes presidenciales de solidaridad por estos hechos. Pero si se divulgan trinos presidenciales lamentando las bajas de los miembros de los guerrilleros como ha ocurrido recientemente. Esta actitud ha sido repudiada por toda la sociedad colombiana. Algo nunca visto en Colombia.
Todavía no comprendemos el fin de su gobierno para frenar esta oleada de violencia que se ha despertado en el país. La población civil se encuentra inerme en medio de esa verborrea barata que expresa en los diferentes escenarios, donde tiene la oportunidad de emitir sus discursos revanchistas, llenos de odio, sesgos ideológicos y de rechazo al sector productivo del país. No hay derecho que estemos soportando este clima de violencia irracional, sin que exista una reacción estatal para contrarrestar estos episodios violentos, que enlutan a centenares de familias y que están permeando negativamente la dinámica productiva en el territorio colombiano.
El Huila, no se sustrae de esta violencia demencial. La mayoría de los establecimientos comerciales, se encuentran extorsionados por la oficina ilegal paralela a la Dian que han creado en las montañas del departamento con la anuencia del gobierno nacional, para ejercer los cobros del impuesto de guerra. Se les exigen el pago de vacunas, con las amenazas de ser sujetos al estallido de bombas y granadas como sigue sucediendo actualmente. Son 9 detonaciones que se han escuchado en la zona urbana de Neiva y 4 en otros municipios, en las instalaciones de algunos negocios que se han negado a contribuir con esta detestable práctica, que se ha vuelto paisaje desde que llegó al poder el actual primer mandatario de los colombianos. Hay que reconocerle el esfuerzo y el liderazgo del señor gobernador del departamento Rodrigo Villalba Mosquera, quien está solicitando permanente ante las instancias nacionales el apoyo militar y fortalecimiento de la logística para contrarrestar estas organizaciones narcoterroristas. Los asesinatos de soldados y miembros de la fuerza pública, y los atentados terroristas al sector empresarial, nos duelen a todos.
