Me encontraba visitando zona rural del Huila, donde por fortuna la charla la componían personas de diferentes edades, varios de ellos escasamente con primaria y otros tantos con altos estudios universitarios, y se discutían temas sensibles y del diario vivir de los colombianos, particularmente de los Huilenses, tales como, el sistema de salud en manos de los particulares (llámense EPS), la educación hasta el nivel muy superior (llámense Universidades o Institutos técnicos o tecnológicos), la seguridad de los ciudadanos (llámense empresas de vigilancia privada), los servicios públicos (llámense de energía, agua, gas, telefonía móvil y fija), el manejo de pensiones (fondos privados). Todos coincidían que esta fórmula de privatización ha llevado consigo mayores costos del servicio, mal servicio, desconfianza de los ciudadanos frente a los operadores, decepción y muerte en muchos casos.
Entramos un poco en la discusión y se pudo concertar que la razón legislativa y su espíritu para entregar a particulares la prestación de servicios esenciales de los ciudadanos, correspondió a teorías de adelgazamiento del Estado, menos costos laborales, menos responsabilidades judiciales, menos inversión para iniciar y sostener las empresas prestadoras del sector público, pero por debajo de la mesa un afán desmedido por hacer de cada una de sus obligaciones un negocio, a costa del bolsillo de los colombianos y de su mismo bienestar, este último, que le corresponde a un Estado responsable garantizar.
Llevamos siglos observando como los dirigentes han modificado y actualizado el Estado, su forma de gobierno, sus intereses, sus prioridades y por supuesto, su inclinación por el dinero y el progreso acelerado de unos cuantos.
Nos preguntábamos ¿Es el Estado incapaz, inoperante, ineficiente o simplemente a través de los gobiernos de los últimos 100 años buscaron dejar los negocios de Estado a pequeños feudos empresariales?. Pues bien, ahí los resultados palpables, pensiones desfinanciadas, mínimas y cada día inalcanzables; el sistema de salud con unas EPS que en su intermediación se quedan con un grueso porcentaje de las cotizaciones de los colombianos, recursos con los que pagan altas y paralelas nóminas, se niegan o retardan servicios a su antojo; tarifas de servicios públicos domiciliarios cada día más costosos y de mala calidad; la seguridad ciudadana en manos de particulares tratando de hacer lo que deberían hacer las autoridades civiles y militares (policía-ejercito); una educación básica y primaria desigual entre el sector público y privado, unas universidades elitistas y muy pocas de buena calidad que son simplemente un negocio, que por lo que vemos va en decadencia, pues los chicos íbamos y van a ellas en busca de conocimiento pero también de trabajo y dinero, y todo ello ya se consigue sin estar allí matriculados.
No obstante, consideramos todos los que allí tertuliábamos, que todo lo que el Estado entregó a los particulares, es altamente rentable en sus manos, entonces por qué no administrados por el mismo Estado. Y al final entendimos que nuestro problema es cultural, lo del Estado lo despilfarran, se lo roban, se deteriora, se acaba, se dice que es un mal negocio y se desprestigian, siempre ello en manos de los malos líderes políticos y empresariales, “ojo” no por ser unos malos negocios, no por no ser rentables, no por no poder hacer alianzas público privadas donde el Estado tenga las mejores utilidades; lo anterior no significa que nos oponemos a la iniciativa privada, no, ellos han ayudado a realizar este país, pero no pueden seguir haciéndole el juego a la corrupción y el desgreño administrativo.
