Han pasado 13 años desde que se aprobó la ley que establece el voto electrónico en Colombia, pero aún no se ha implementado. El principal argumento ha sido la falta de recursos.
Para los comicios de 2022 se abre la posibilidad de que suceda porque en el Presupuesto General de la Nación del próximo año se contemplan los dineros necesarios. Sin embargo, estos dineros están atados a lo establecido en la reforma al Código Electoral aprobada por el Congreso el año anterior, pero que sigue en la Corte Constitucional para su estudio.
Cada día que pase allí ese texto, corre en contra de que la Registraduría Nacional pueda contratar el plan piloto de voto electrónico mixto que tiene previsto poner en marcha para las parlamentarias y las presidenciales.
En el Presupuesto General de la Nación del 2022 se contempla, adicional a la apropiación que corresponde a la Registraduría Nacional por $2,1 billones para inversión y funcionamiento, de los cuales $721 mil millones están destinados para procesos democráticos y asuntos electorales, recursos para la implementación del voto electrónico mixto que incorpora la reforma al Código Electoral.
El artículo 134 del Presupuesto General de la Nación del año próximo establece que “con el fin de que la Registraduría Nacional del Estado Civil adelante el proceso de implementación del nuevo Código Electoral Colombiano, el voto electrónico en la organización electoral del país, el fortalecimiento, la actualización e implementación de la plataforma tecnológica que soporta el sistema de identificación y el registro civil en línea y el sistema biométrico en las mesas de votación, autorícese al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a efectuar distribuciones dentro del proceso de ejecución presupuestal y, de ser necesario, a tramitar las vigencias futuras a que haya lugar, para adelantar estos programas en la vigencia fiscal 2022”.
Sobre el particular el problema que hay en este momento es que hasta que la Corte Constitucional no emita un fallo sobre el proyecto de ley estatutaria de Código Electoral, en donde lo declare exequible en su totalidad o en sus apartes, entre ello lo que tiene que ver con el voto electrónico mixto, el Ministerio de Hacienda no puede girar los recursos para la implementación de esta tecnología y, de contera, la Registraduría Nacional tampoco podrá hacer la respectiva contratación con un proveedor de estos equipos para los planes piloto, que tiene previstos en sitios como el Distrito de Buenaventura.
Teniendo en cuenta que las elecciones de Congreso están apenas a cuatro meses, se ve poco probable que en esa cita con las urnas se puedan implementar los planes piloto de voto electrónico mixto que ha anunciado el registrador Nacional, Alexander Vega, pues entre otros hay que considerar que por la cuantía del contrato se tiene que hacer una licitación pública para que participen los respectivos oferentes de esta tecnología, la cual no se realiza de un día para otro.
De pronto habría todavía alguna posibilidad de que al voto electrónico mixto se le vea la cara en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, porque es en mayo próximo. Pero igual si se demora más tiempo el fallo de la Corte acerca de esta reforma, pues también se vería frustrada esa intención.
Otra mala noticia al respecto es que como la ley del Presupuesto General de la Nación del 2022 es solo para esa vigencia, ello implica que los recursos para el voto electrónico son para ese año. Luego la financiación de esta tecnología en las elecciones regionales del 2023 dependería de otra norma.
