Juanita Tovar Sandino
Nos encontramos ante una situación de absoluta dificultad en materia de seguridad, pero de lejos está el interrogante, si se trata de un problema de percepción como lo dijo el presidente Petro, o de realidad, porque estamos ante uno de los momentos más complejos por los que hemos tenido que atravesar y desafortunadamente a diferencia de lo que muchos intentan justificar no se trata de un problema de la administración anterior ni una problemática exclusiva del gobierno actual, en Colombia vivimos una escalada criminal que se remonta a una serie de falencias de hace más de una década, en donde las desatinadas políticas públicas en el ámbito nacional y territorial han permeado el clima para que actualmente en ciudades como Bogotá y otros importantes centros urbanos estén sumidos en la escalofriante ola de terror y zozobra, esto sin hablar de la delicadísima situación en las zonas rurales del país, ejemplo de ello el Huila, donde muchas personas viven el flagelo de no poder ir a sus fincas por temor a ser secuestrados.
Para hablar de seguridad definitivamente hay que hacer un análisis global de toda una serie de factores legales, políticos e incluso culturales que van más allá de lo que cotidianamente pasa en nuestras calles y por ello, la discusión debe centrarse en cuál es el papel de la administración de justicia en nuestro entorno y precisamente el problema se encuentra ahí, en los últimos gobiernos, poprque todos sin excepción han puesto sobre la mesa la urgente necesidad de realizar una reforma al aparato judicial colombiano, sin embargo, y sin excepción, todas estas reformas han sufrido escabrosos fracasos, y si bien en los últimos años se han introducido importantes cambios en materia de nuevas estructuras normativas como son el sistema acusatorio, el código general del proceso, el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, el día a día en las barandas judiciales no ha cambiado sino solo en las formalidades a la hora de litigar.
En materia penal, nuestro sistema acusatorio entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2005, es decir, hace 19 años, pues este sistema reemplazó la dogmática impartida por la ley 600 del 2000, si bien se trató de un sistema diferencial y muchísimo más dinámico al previsto en el antiguo sistema inquisitivo, hoy en día, no hay duda que sus imperfecciones son las que tienen en la calle a miles de delincuentes, que sin purgar un solo día de pena por los delitos cometidos, siguen ejerciendo sus actividades delincuenciales sin pudor alguno, no es un secreto para nadie que las trabas de nuestro sistema judicial no parten por la inoperancia de la ley contemplada en el código penal, sino precisamente en las “ritualidades” propias del proceso, por ejemplo, la víctima de un hurto callejero por modalidad de atraco en el que pierde su celular o su reloj rara vez interpone la denuncia, esto en la medida que el ciudadano de a pie no conoce los medios para hacer efectivo su derecho de acceder a la justicia, o por la sencilla desidia de suponer anticipadamente que dicha denuncia no va a producir ningún resultado, sin embargo, lo cierto es que sin la existencia de la denuncia, al ser un delito querellable, no podrá prosperar sin ese acto de impulso en cabeza de la víctima, y por supuesto quedando así el operador judicial con las manos atadas y teniendo que dejar como pasa muchas veces al delincuente en libertad y ahí es donde debemos efectuar un detallado análisis; el delincuente en su día a día se enfrenta esta habitualidad, delinque para ser trasladado a una URI, donde estará uno, dos o máximo tres días para luego salir nuevamente libre, ante esta realidad, el atracador o delincuente de alguna manera es consciente que pese a cometer el ilícito, la posibilidad de retaliación o de retribución judicial es prácticamente nula, y es ahí donde el criminal puede perpetrarse a realizar esta actividad y volverla una conducta recurrente.
En nuestro país, el delincuente teme más a ser interceptado por la ciudadanía, y que su rostro salga en los noticieros, o al linchamiento, que a ser capturados por las autoridades, de modo, que aquí surge un gran interrogante; ¿en qué momento la criminalidad perdió el respeto por el papel punitivo del estado? Reiteramos, esto no es culpa del expresidente Iván Duque, o en el caso de Bogotá de Claudia López, este es un problema que lleva enquistándose décadas, una problemática donde dejamos que los modos de pensar y actuar de los criminales estén siempre por delante de la capacidad de respuesta del Estado.
En Colombia urge introducir tecnología de punta disponible, que permitan al ciudadano tener soportes probatorios, para la identificación biométrica de los ciudadanos, de establecer modelos de monitoreo a los vehículos, y en especial a las motos, y al ciudadano de a pie hay que darle herramientas para acceder virtualmente a la justicia, es inconcebible que después de la pandemia aún se siga poniendo en tela de juicio el importantísimo protagonismo de la virtualidad, las víctimas deben acceder a la justicia a través de un clic, y los soportes probatorios deben ser de igual entidad.
Así mismo, Colombia está en mora de actualizar el sistema penitenciario capaz de hacerle contención a los niveles de criminalidad que actualmente nos aquejan, hay que construir mas cárceles, porque de nada sirve enviar más y más criminales a la carcel, si el hacinamiento en los penales está desbordado, pero sobre todo, ser conscientes de la realidad en la que estamos, no podemos seguir culpando a la extrema derecha o a los medios de comunicación, y el presidente no puede seguirn diciendo que se trata de un tema de percepción, cuando en realidad el problema es escalofriante, de hecho, es tan complicado que actualmente la situación de seguridad es tan dramática como la vivida en los años ochenta en la guerra contra los carteles de Medellín y de Cali en donde Colombia estaba sitiada por la delincuencia organizada, hoy en día la única diferencia es que estamos secuestrados por la delincuencia común, por eso reitero, Alcaldes, Gobernadores, Presidente Petro, ¿Cuáles son sus propuestas contra la inseguridad y la ola criminal que nos ataca a diario?
