Por: Amadeo González Triviño
Recientes estudios adelantados por universidades en Colombia y difundidas por los medios de comunicación han vuelto sus ojos y su preocupación por uno de los grandes flagelos que azotan a los colombianos como lo es, sin lugar a dudas, la inexistencia de una pronta y cumplida administración de justicia, amén de que la virtualidad y el caos de medios electrónicos han generado toda una ilusión que permiten que la justicia sea para unos pocos y que la gran mayoría de colombianos estén de espaldas a los procesos que se pretenden para conjurar sus necesidades o para recibir el apoyo que tanto se requiere en estos momentos de crisis y de inestabilidad social y de violencia y de corrupción y de impunidad.
Ese estudio no deja de ser sorprendente cuando establece que siete colombianos de cada diez, o mejor, el setenta por ciento de los colombianos no cree en la Justicia. Muchos dirán que es una cifra generosa que, si hay un treinta por ciento con derecho a tener solución a sus problemas jurídicos, es suficiente. Pero la realidad es que a pesar de que hay personas que aún confían en que haya un día una democratización de los procesos jurídicos, hasta el punto de que se cumplan las exigencias y los postulados que tanto se reclaman, como parte esencial de esa base de la convivencia y de forma de llegar a alcanzar una paz total, una paz y una reconciliación, donde los derechos del otro, el respeto por el otro y la comunicación entre todos, sea base de una solidaridad y de un acercamiento del aparato estatal para sus ciudadanos, la gran mayoría ha perdido la fe en esa posibilidad.
Tristemente los paros y las huelgas y las formas como se ha venido decantando la rama judicial e incluso los mismos centros académicos colombianos, ambos de espaldas a la realidad, ambos en búsqueda de soluciones dispares en lo que es la construcción de un modelo que nos devuelva la confianza en las instituciones, han terminado por ser generadores de una violencia que cada día se suma más y más cuando las agresiones y el ajuste de cuentas, han terminado por ser, una modalidad para aplicar por mano propia la justicia en nuestro territorio.
Adicionalmente consideramos que la administración de justicia está de espaldas a la realidad nacional, que si los índices pregonan de un setenta por ciento que no cree en ella, es un resultado generoso que esconde una verdad, cuando en materia penal la incidencia de la criminalidad aumenta considerablemente y esta registra entre el 95 al 97 por ciento de impunidad, por la suma de todos los factores que ya conocemos, que ya hemos puesto al descubierto y en el cual, están patentes la tramitomanía, la ausencia de un reconocimiento serio y contundente de los funcionarios públicos y una fundamentación que enrostre compromiso y liderazgo en la formulación de una política criminal colombiana.
Que haya funcionarios probos y transparentes, no es el tema en discusión, el tema central esta señalado por la ausencia de funcionarios requeridas para administrar justicia y en la proporción que a nivel mundial se pregona de 86 a 90 fiscales y jueces por cada cien mil habitantes, cuando en Colombia, según esas encuestas solo representa un índice de 10 a 11 funcionarios por esa población que demanda justicia.
Si a lo anterior se suma que la justicia ordinaria civil, está congestionada en un 80 por ciento de procesos ejecutivos y que está al servicio de la banca y del cobro de sumas de dinero por no pago de las obligaciones, tenemos que terminar pregonando que ha llegado la hora de cerrar y de dejar de convocar a la Justicia, en casos de necesidad, en casos de inoperancia y en casos de urgencia social y humana.
Y cualquier reforma judicial, como ha sucedido hasta el momento, siempre ha sido para el aumento de sueldos y de categorías de los funcionarios judiciales y nunca para buscar erradicar ese atraso en la solución de conflictos, que es voz populi y que quizá más adelante hemos de presentar a nuestros lectores.
