Juanita Tovar
Hacer política en Colombia se ha convertido en un asunto que genera inconformidad debido a la persistencia de la corrupción en todos los niveles de gobierno. Escándalos asqueantes que involucran a altos funcionarios, desvío de recursos públicos y la falta de transparencia en la gestión estatal han erosionado la confianza de los ciudadanos. Esto no solo afecta la eficiencia y efectividad de las políticas públicas, sino que también perpetúa la desigualdad y la injusticia social, haciendo que muchos colombianos sientan que sus intereses y necesidades no son adecuadamente representados ni atendidos por quienes eligieron.
La falta de resultados tangibles y efectivos en la mejora de las condiciones de vida de la población es un elemento crucial en la creciente inconformidad con la política en Colombia. A pesar de las promesas electorales y los planes de desarrollo, muchos ciudadanos no ven mejoras en áreas críticas como la educación, la salud, el empleo y la infraestructura. La brecha entre las expectativas creadas durante las campañas electorales, donde se pintan soluciones mágicas, en la realidad cotidiana de los ciudadanos aumenta la desilusión y la sensación de que los políticos están desconectados de sus responsabilidades con la sociedad. Esta desconfianza se ve reflejada en la baja participación electoral y en el creciente apoyo a movimientos y candidatos alternativos que buscan desafiar el status quo.
En virtud del principio de igualdad consagrado en la Constitución de 1991, se abrió la puerta para que personas sin idoneidad profesional llegaran a ocupar cargos de elección popular en el Congreso, en los concejos municipales y en las asambleas departamentales. Esta inclusión, aunque bien intencionada para democratizar el acceso a la política, ha generado un fenómeno muy particular en Colombia: «la profesionalización de la política». En este nuevo escenario, algunos actores políticos a menudo priorizan los beneficios económicos particulares por encima de la satisfacción colectiva de necesidades, desviándose del objetivo principal de servir a la sociedad y comprometiendo lo que dijeron que iban a hacer en campaña.
La «profesionalización de la política» en Colombia ha traído consigo consecuencias nefastas, marcando una desviación de los tiempos anteriores a la Constitución del 91. En esos años, los ocupantes de cargos de elección popular a menudo continuaban con sus profesiones y oficios, recibiendo ingresos principalmente de su ejercicio profesional. Este modelo incentivaba la participación de personas con trayectorias laborales prestigiosas y con un verdadero espíritu de vocación para trabajar en pro de la comunidad, no como ahora, que vemos que llegan a ser congresistas algunos hambrientos de plata y poder.
La política era vista como un servicio temporal a la sociedad, y no como una carrera para toda la vida, lo que alentaba a individuos con un compromiso genuino hacia el bienestar de la sociedad a involucrarse en la verdadera gestión pública. Con la profesionalización de la política post-Constitución del 91, este panorama cambió drásticamente. Los políticos comenzaron a ver en la política una carrera en sí misma, con beneficios económicos y privilegios asociados a la permanencia en el poder, en la que muchos aprenden mañas y bajas costumbres para perpetuarse en sus cargos y seguir con sus Toyotas blindadas y mucho dinero, producto, en algunos casos, de actos de corrupción, lobby y lagartearía.
El ciudadano de a pie observa con creciente desilusión cómo, año tras año, los sueldos de los congresistas y los honorarios de los concejales y diputados se vuelven cada vez más grandes, reforzando la percepción de que la política se ha transformado en un vehículo para el enriquecimiento personal, más que en una vocación de servicio público.
Para la opinión pública, resulta evidente que muchos ven en la política una oportunidad para obtener beneficios económicos sustanciales, priorizando sus intereses particulares sobre las necesidades colectivas. Esta realidad ha generado un clima de desconfianza y escepticismo hacia los gobernantes, dificultando la construcción de una política verdaderamente comprometida con el bienestar y el desarrollo social de todos los colombianos. Claro está que no son todos, pero sí, lastimosamente, la mayoría.
Las personas con prestigio y experiencia en otros campos, que anteriormente se animaban a participar en la política por un periodo, ahora se ven desmotivadas por el ambiente hostil y competitivo de la política profesional. Por eso, el verdadero reto es tener un Congreso con menos lagartos, menos arribistas, menos ignorantes, menos vendidos y así poder devolverle el prestigio que se merece, porque a muchos, ya nadie les cree.
