Los hechos de alteración del orden público en el Cauca, que ha desbordado la capacidad de respuesta de la institucionalidad, han tenido una consecuencia negativa para el Huila, porque la arremetida de los organismos de seguridad contra estas estructuras narcoterroristas, las han obligado a desplazarse a nuestro territorio para seguir ejerciendo su actuar delincuencial. Los ataques a la fuerza pública y al ejército, han venido generando una mayúscula preocupación a las familias y empresarios huilenses, por la forma irracional como están ejerciendo presión para que les paguen las vacunas. Desde esta tribuna de información, hemos sido reiterativos que una de las estrategias para combatir la inseguridad en el Huila, depende de una buena labor de inteligencia y golpes contundentes a las estructuras criminales. Y si bien son las noticias de sicariato, secuestro, toma de estaciones de policía, extorsiones, masacres, narcotráfico, reclutamiento de menores de edad y hurto, entre otros delitos, que son los que tienen mayor resonancia, por el impacto negativo que han afectado a las familias huilenses, a pesar del esfuerzo que han realizado la Fuerza Pública y el Ejército para contrarrestar a estos grupos subversivos. Hay que reconocerle el esfuerzo de estas instituciones armadas que les han propinado grandes golpes a estas organizaciones criminales, gracias al trabajo coordinado con las entidades oficiales y las comunidades, que han llevado al desvertebramiento de algunos grupos delincuenciales que han venido actuando a sus anchas. Igualmente, el gobierno departamental tomó la decisión de realizar inversiones por 70 mil millones de pesos para fortalecer la seguridad del Huila. Igualmente, los atentados terroristas en la capital del departamento han venido siendo contrarrestados por estas estrategias. No significa que se baje la guardia. Por el contrario, se debe seguir fortaleciendo la inteligencia militar y que el gobierno nacional atienda el clamor general de todo el sector gremial y estatal, que le pide incrementar el pie de fuerza, que busca seguir aumentando la presión contra toda expresión criminal. Está demostrado, que cada golpe que se les propine a estas estructuras ilegales se traduce no solo en un mejor bienestar de la ciudadanía y del sector empresarial, sino que debe servir de incentivo para que ni las autoridades, ni la comunidad bajen la guardia. Además, varios de estos desmantelamientos han sido posibles gracias a la colaboración de la ciudadanía. Se deben instalar cámaras en las entradas y salidas de los municipios. Lo mismo se deben tener drones dotados de alta tecnología y con inteligencia artificial. Paralelo a lo anterior, se deben recuperar todo el sistema helicoportado y de la aviación para ejercer controles y vigilancia permanente a estos grupos delincuenciales, que solo piensan en la destrucción del sistema productivo del país y afectar la armonía y tranquilidad de las familias colombianas.
