El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Neiva ha emitido una sentencia condenatoria contra los exalcaldes de Aipe, Luis Felipe Conde Lasso y José Sevel Castro.
Por su participación en un contrato sin cumplimiento de requisitos legales, ambos exfuncionarios han sido sentenciados a 64 meses de prisión y a una multa equivalente a 66,66 salarios mínimos legales.
La condena se relaciona con un contrato suscrito para el estudio, diseño y construcción de una obra de reposición y ampliación del alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales en el centro poblado de Praga, ubicado en la zona rural del municipio. Este contrato, que fue adjudicado mediante la licitación pública número 001 de 2008, tenía un valor de $1.824.025.649,33 y un plazo de ejecución de 240 días calendario, incluyendo los estudios, diseños y la etapa de obra.
Según las investigaciones, se han identificado irregularidades en dos aspectos fundamentales, que fueron expuestos durante el proceso de imputación. En primer lugar, se detectó una falla precontractual relacionada con la falta de una adecuada planeación previa a la apertura de la licitación. Se estimó de manera exagerada la población beneficiada, reportando una cantidad de 1.360 habitantes en el centro poblado de Praga, cuando en realidad solo había 630 habitantes en ese momento.
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Además, se constató que la población del área había disminuido con el tiempo, siendo de 625 habitantes en 2005 y de 630 habitantes en 2008, lo que indicaba una tendencia a la reducción en lugar de un aumento.
En su fallo, el juez determinó que Luis Felipe Conde Lasso y José Sevel Castro son responsables del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y los condenó a 64 meses de prisión, así como a una multa equivalente a 66,66 salarios mínimos legales mensuales vigentes en el año 2008. Además, se les impuso la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo igual al de la pena.
El juez sustituyó la medida de prisión por una medida no privativa de libertad. En consecuencia, Conde Lasso y Castro quedarán en libertad, pero deberán usar un dispositivo de vigilancia para garantizar su seguimiento.
