El sentido del fallo ya había cantado esta decisión: Yesid Orlando Perdomo Llanos, extesorero de Neiva, se le halló responsable del delito de peculado por apropiación. Hubo dos absoluciones: Luis Aníbal López Rojas y Juan Carlos Ramírez Montoya.
DIARIO DEL HUILA, INVESTIGACIÓN
CARLOS ANDRÉS PÉREZ TRUJILLO
Los ‘errores’ administrativos no siempre terminan bien. Este es el caso de Yesid Orlando Perdomo Llanos, quien no solo ha sido condenado por el caso Tigsa, sino que ahora le pesa una condena de 16 años de cárcel por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros.
La historia es la siguiente. Cuando Perdomo Llanos fungía como tesorero de Neiva, para el año 2006, recibió la viabilidad de la Secretaría de Hacienda-en cabeza de Luis Aníbal López Rojas-; y Juan Carlos Ramírez Montoya –juez de Ejecución Fiscales-, devolver unos dineros que habían sido cobraros ilegalmente a la Nación (Ministerio de Defensa-Ejercito) por concepto de impuestos predial de los años 2003, 2004 y 2005.
La irregularidad comenzó, incluso, en el cobro que estaba prohibido, pues el Artículo 30 del Estatuto Tributario Municipal, de ese momento, advertía que éstos estaban exentos de impuestos. Pese a esto, fueron cobrados.
El procedimiento para enmendar el error se hizo. El cuatro de septiembre de ese año el tesorero recibió la orden de girar el dinero, atendiendo la solicitud del supuesto abogado del Ejército, Jainer Parra Muñoz, quien resultó siendo un taxista.
Lo cierto fue que la Administración de Neiva procedió a expedir la Resolución Nro. 1337 del 21 de septiembre de 2006, donde se dispuso la devolución de la suma de $443.099.316.oo; y le ordenaron a la Dirección de Tesorería Municipal efectuar el pago al Ejercito Nacional.
Acá viene la otra irregularidad. Los dineros se pagaron a terceros, es decir, personas naturales. En ese sentido, y dando cumplimiento a la orden, la oficina de Tesorería Municipal, procedió a realizar los respectivos registros contables y se emitió el comprobante de egreso Nro. 0000035661 del dos de marzo de 2007, cuyo beneficiario era la Nación-Ministerio de Defensa Nacional, NIT 800130632; no obstante, los días 23 y 28 de marzo de 2007, la Tesorería realizó dos transferencias electrónicas, a María Yaneth Rubio Rojas, por $202.132.196; y a Wilson Muñoz Ávila, por $243.000.000 millones, sin que existiera ninguna justificación legal para que el pago se hubiere realizado a dichas personas naturales y no directamente a la Nación Ejercito Nacional.
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En las audiencias preparatorias y en el mismo juicio se evidenció que la Fiscalía en sus labores de investigación, encontró que Jainer Parra Muñoz, no se encontraba inscrito como abogado, y su supuesta tarjeta de abogado, con la cual se identificó, le pertenece a la señora Esthela Paternina Parrado. Además, se ventiló que el Teniente Coronel Danilo Gerardo Prada Mosquera, al parecer no existe, pues no encontraron dato alguno en bases públicas y privadas, así como tampoco aparece como Oficial del Ejército; y finalmente, los dineros objeto de devolución, que fueron pagados por error por le entidad castrense, pues ese impuesto predial estaba exento, no fueron recibidos por la Jefatura de Ingenieros del Ejército Nacional, porque fueron pagados a terceras personas, lo que ocasionó el detrimento patrimonial del ente territorial.
El inicio de la investigación
Los hechos investigados tienen relación con el requerimiento que realizó Edgar Leonel Conta, el día 4 de agosto de 2008, quien fungía como Contralor del Municipio de Neiva, a la Dirección de Asuntos Legales Secretaría General del Ministerio de Defensa Nacional, para que informara sí el Municipio de Neiva, le había reintegrado de la suma de $443.302.067, por concepto de pago de un impuesto predial de unos inmuebles del Ejercicio Nacional, los cuales se encontraban exentos de pago.
Tras la solicitud el Ejército evidenció que ese dinero no lo habían recibido, el Coronel Jairo Bocanegra De La Torre, Jefe de Ingenieros Militares, procedió a presentar denuncia penal por el presunto delito de “Estafa” el día primero de septiembre de 2009, conociendo inicialmente la Fiscalía 164 de la ciudad de Bogotá; pero ésta al considerar que se trataba de un posible “Peculado por Apropiación” y por competencia territorial remitió la actuación a la ciudad de Neiva.
La condena
Por este tipo de conductas Perdomo Llanos fue condenado a 16 años de cárcel, a la imposibilidad de ejercer cargos públicos por el mismo tiempo, y a una multa de $445 millones.
La sentencia del Juzgado Segundo Penal del Circuito con función de Conocimiento de principios de este mes, también advierte que los dineros deben pagarse en el término de un mes, luego de ejecutoriada la sentencia.
Además, el despacho de manera vertical le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad y la prisión domiciliaria. La providencia además fue sujeta de apelación por Perdomo.
Por otro lado, la defensa de Luis Aníbal López Rojas y Juan Carlos Ramírez Montoya, lograron justificar que no había responsabilidad en ellos en estos actos delictivos, razón por la cual el juez se decidió por la absolución, y los libró de esta responsabilidad.
Los otros delitos de Perdomo Llanos
De acuerdo con lo ventilado en las audiencias el Fiscal 20 Seccional de Neiva de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública acusó a los tres exfuncionarios por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y destrucción, supresión u ocultamiento de documentos públicos.
En la primera audiencia el Fiscal dijo que en la investigación se estableció que desde la Secretaría de Hacienda se expidió la Resolución 337, mediante la cual se ordenó a la Dirección de la Tesorería Municipal, efectuar la devolución del dinero al Ejército Nacional.
Quien se llevó toda la responsabilidad en la conducta punible fue Yesid Perdomo, quien ya había sido condenado en otro proceso (2022) a una pena de 26 años de cárcel (la cual había sido rebajada), por hechos acaecidos en otro caso por el delito de peculado por apropiación agravado de forma continuada en concurso heterogéneo con cohecho propio
Estos hechos tienen relación con la colocación de dineros públicos en la firma particular Toro Investment Group S.A. (Tigsa), creada por el administrador de empresas, Raúl Toro Pérez, sin autorización legal para intervenir en el mercado bursátil.
Lo que se sabe de este caso es que a finales de 2007, el tesorero de Neiva Yesid Orlando Perdomo Llano, efectuó cuatro giros electrónicos de ese año por $6 000 millones. Además, parte de la irregularidad endilgada fue la de la suscrición con Toro de unos contratos de cesión frente a los derechos patrimoniales que tenía en ese encargo fiduciario, que a la postre que resultaron falsos.
Lo que entonces se estableció es que Perdomo Llanos, el Toro le consignó cinco millones de pesos en su cuenta de Bancolombia, procedente del mismo encargo fiduciario.
En este proceso, fueron condenados: el extesorero Alberto Calderón Gómez, 14 años y 2 meses de cárcel; Raúl Toro Pérez, a 10 años y 8 meses de prisión; y el exalcalde de Palermo, Helber Yesid Pinzón, 19 años y 2 meses de cárcel.
