En el caso Odebrecht, la Fiscalía General de la Nación ha imputado a nueve exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), un contratista y un exinterventor por su presunta participación en presuntas irregularidades en cuatro otrosíes relacionados con el contrato de concesión para la construcción del tramo II de la Ruta del Sol, concesión 001 del 14 de enero de 2010.
Entre los procesados se encuentran exdirectivos y personal clave de la ANI, como Camilo Mendoza Rozo, María Clara Garrido Garrido, Beatriz Eugenia Morales Vélez, Yasmina del Carmen Corrales Paternina, José Andrés Torres Rodríguez, Daniel Francisco Tenjo Suárez, David Leonardo Montaño García, Alexandra Lozano Vergara, así como el exasesor financiero Francisco Javier Forero Lozano y el exgerente de proyectos César Augusto Peñaloza Pabón. Miguel Ángel Bettin Jaraba, exinterventor del contrato, también enfrenta imputaciones.
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Según la Fiscalía, estos individuos habrían participado en decisiones colectivas que llevaron a un aumento significativo en el presupuesto del contrato original, beneficiando a la concesionaria involucrada, la cual contaba con la multinacional Odebrecht.
Las acusaciones principales recaen en la presunta participación de estos actores en la aprobación de otrosíes que modificaron aspectos cruciales del contrato original. Estos otrosíes incluyen cambios en la forma de pago, inclusión de nuevas obras y proyectos que no guardaban relación con el proyecto principal, y desembolsos financieros que no contaron con las autorizaciones correspondientes.
La Fiscalía imputó a los involucrados los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. Sin embargo, los procesados han rechazado las acusaciones y no han aceptado los cargos.
La presunta violación de principios fundamentales como planeación, transparencia, selección objetiva, responsabilidad y economía en la ejecución de los otrosíes, así como la destinación de fondos sin autorizaciones necesarias, habrían ocasionado perjuicios al Estado, incrementando el presupuesto original y otorgando anticipos para beneficiar al concesionario.
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