La Procuraduría inició una investigación disciplinaria contra el alcalde de Pitalito, Edgar Muñoz Torres, por presuntas omisiones en la adopción de medidas necesarias para garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, alojadas en el Centro de Detención Transitorio del municipio, ubicado en la antigua sede del colegio Departamental Mixto.
Según la Procuraduría Provincial de Instrucción de Garzón, Huila, el mandatario local habría incumplido con lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia SU 122 de 2022, que declaró el estado de cosas inconstitucional debido al hacinamiento en los CDT, y la Ley 65 de 1993, que modificó el Código Penitenciario y Carcelario.
En particular, en el caso del CDT de Pitalito, el alcalde Muñoz Torres aparentemente no habría garantizado condiciones mínimas de alimentación, acceso a baños, luz solar suficiente, ventilación adecuada y separación entre hombres y mujeres. Estas medidas buscan mejorar las condiciones en las que más de 100 PPL se encuentran detenidos y, en consecuencia, asegurar el respeto a sus derechos humanos.
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La Procuraduría también destacó la problemática de seguridad en estas instalaciones, ya que el pasado 30 de agosto, individuos armados ingresaron al lugar, redujeron a los custodios y liberaron a ocho internos.
Entre las acciones emprendidas por el Ministerio Público se encuentra la solicitud de copias de los convenios suscritos desde 2020 entre la Alcaldía y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para la recepción de PPL en el municipio. Así mismo, se requiere información sobre si el alcalde ha incluido en sus planes de desarrollo los recursos necesarios para la construcción y mantenimiento de cárceles dentro de su jurisdicción, conforme a lo establecido por las normas vigentes.
Además, la Procuraduría ha solicitado información sobre el estado actual de las investigaciones relacionadas con presuntas violaciones de los derechos humanos de las PPL que permanecen en el CDT de Pitalito.
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