La Procuradora Margarita Cabello, rechazó enfáticamente una solicitud inusual presentada por alias Iván Mordisco, comandante del grupo ilegal Disidencias de las Farc, en la que pedía que en algunas regiones de Colombia se impidiera el ingreso de las Fuerzas Militares y la Policía durante las elecciones programadas para el próximo 29 de octubre.
En lugar de ello, solicitaba que fueran las guardias indígenas, campesinas o Cimarronas las encargadas de mantener el orden público durante el proceso electoral.
La Procuradora, en una declaración enérgica, rechazó estas pretensiones y destacó la importancia de que las Fuerzas Militares y de Policía cumplan con su deber constitucional de garantizar la seguridad y los derechos de los colombianos en todo el territorio nacional. Afirmó que no puede haber lugares vedados para la Fuerza Pública en Colombia y subrayó su compromiso con la preservación de la seguridad y la democracia en el país.
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Durante una reunión en su despacho con altos mandos militares y de Policía, el Defensor del Pueblo y el director de la UNP, se examinaron los planes de seguridad previstos para las elecciones del 29 de octubre, así como las medidas preparatorias para hacer frente a posibles perturbaciones antes y después de los comicios. La Procuradora presentó un mapa que detalla los incidentes de violencia y constreñimiento electoral en el país, destacando el aumento del 100 % en tales eventos durante los últimos cuatro meses, según la Misión de Observación Electoral (MOE).
Los comandantes de la Fuerza Pública respondieron con firmeza, afirmando que han rechazado la solicitud de Iván Mordisco y reiterando su compromiso de cumplir al 100 % con su deber de garantizar la seguridad y el orden público en todo el territorio colombiano. El general Helder Fernán Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, aseguró que su misión constitucional es evitar la presencia de estos grupos en áreas urbanas, rurales y en las vías de comunicación, y que la cumplirán de manera estricta.
Respecto a las denuncias sobre áreas críticas, como la vereda El Plateado, donde las disidencias ejercen control y restringen la entrada de la Fuerza Pública, los comandantes aseguraron que están llevando a cabo una operación para recuperar el control en estos puntos sin poner en peligro la vida de la población civil ni de sus hombres. Se espera que esto se logre antes de las elecciones.
En cuanto a la seguridad electoral, los comandantes de la Policía Nacional anunciaron que desplegarán más de 79,000 policías en el 59.7 % de las mesas de votación, y contarán con 8.000 efectivos de policía judicial para investigar delitos electorales como el constreñimiento y la compra de votos, con apoyo de la Fiscalía, la UIAF y las Fuerzas Militares.
Finalmente, la Procuraduría solicitó la activación del protocolo de verificación de capturas y traslados durante la protesta social en caso de disturbios posteriores a las votaciones.
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