Población víctima del conflicto armado en la actualidad, no denunciaría hechos como el reclutamiento de menores de edad y amenazas, ya que no creen en la justicia y les da miedo que se filtre la información y se agrave su situación en la región.
La problemática que afecta a los infantes, se estaría presentado principalmente en los municipios del sur del departamento.
Reclutamiento forzado de menores
En este aspecto, Edna Rocío Pinto, coordinadora de la Mesa Departamental de Víctimas del Huila, expresó: “nosotros le apostamos a este nuevo proceso de Paz, pero sí le pedimos a los grupos al margen de la ley, que por favor no ‘toquen’ a nuestros hijos, o si son otros facciones que están realizando este clase de hechos, hay que denunciarlos”.
“Van siete niños que reclutan en municipios del sur de la región, y a otros menores, los incentivan con dinero, les dicen que con la plata van a poder ayudar a sus progenitores, cuando estén en estos grupos, pueden tener lo que no les dan en el colegio”, agregó la líder.
Ante esta crítica situación, los afectados, solicitan que hagan talleres en las escuelas y colegios, para conocer que ‘rutas’ de acompañamiento existen para las víctimas y así saber cómo actuar frente a esta problemática.
Ya el mayor Edwin Humberto Mesu, comandante del Gaula-Ejército, había hecho esta fuerte denuncia: “hemos aprehendido a menores de edad en varias operaciones realizadas, los utilizan para hacer atentados y extorsiones, luego les pagan. Los disidentes, están instrumentalizándolos, para ejecutar acciones terroristas, debido a que las leyes para ellos son distintas y estarían pagándole a reclutadores con el fin de que le lleven jóvenes a sus filas”.
Esta situación se evidencia en los municipios de Tello, Baraya, Algeciras y Hobo.
El reclutamiento y utilización de niños menores de 15 años de edad como soldados, está prohibido en el Derecho Internacional Humanitario, tanto el derecho de los tratados como el derecho consuetudinario y está tipificado como crimen de guerra por la Corte Penal Internacional.
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Panorama nacional
Ante esta situación, ya hay un estudio realizado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el cual analizó la situación de 2.181 niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento, atendidos por el Programa de Atención Especializada del ICBF entre 2013 y 2022.
“Todo reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de un grupo armado, es forzado. La niñez reclutada por grupos armados ilegales sufre graves vulneraciones a sus derechos y son siempre víctimas. Ni una sola niña o niño debería ser reclutado o usado para la guerra y todos los grupos armados deberían liberar de inmediato a aquellos que tienen en sus filas”, asegura, Astrid Cáceres, directora general del ICBF.
Por su parte, la representante de UNICEF en Colombia, Tanya Chapuisat, resalta que cuando no hay garantía de los derechos básicos para los niños, niñas y adolescentes como acceso a la educación, protección, salud, recreación o a vivir con sus familias y en hogares sin violencia, aumenta su vulnerabilidad y el riesgo de ser reclutados o utilizados por los grupos armados organizados.
“Las niñas y niños deben estar en sus colegios, jugando, aprendiendo y en entornos protectores con sus familias, jamás en la guerra: garantizar el acceso a derechos a la niñez más vulnerable que habita principalmente las zonas rurales y urbanas con presencia de grupos armados ilegales y fomentar la consolidación de estos entornos protectores, son necesidades sentidas, abordarlas ayudará a prevenir que el reclutamiento, uso y utilización sigan en aumento”, aseguró Chapuisat.
En este sentido, la edad promedio de reclutamiento es de 14,08 años. La edad reportada se concentró entre los 13 y 17 años en el 80% de los casos, en los hombres es de 14,2 años, mientras que de las mujeres es de 13,8 años. En el período anterior, la edad promedio de vinculación fue de 13,9 años.
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Víctimas, revictimizadas por los ‘armados’
Y hay amenazas recibidas por las víctimas del conflicto armado, y otros hechos delictivos que los están perjudicando.
“El panorama que se tiene en el departamento es bastante preocupante, porque a pesar de que la población, no denuncia, los escasos están. En cuanto a las amenazas, hay 15 integrantes de la Mesa de Víctimas, quienes han recibido intimidaciones en su contra, les exigen dinero, porque algunos tienen pequeños negocios y también los citan a ciertos lugares”, añadió la coordinadora.
Los hombres ‘armados’, les habrían dicho a los afectados, que no se molesten en denunciar, porque les va peor. El temor es declarar y que se filtre la información, lo que los dejaría a merced de los subversivos en los territorios.
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Los casos de extorsión
En este caso, el mayor Edwin Humberto Mesu, comandante del Gaula-Ejército, expresó: “con la llegada de las Disidencias en el Huila, se han incrementado las extorsiones en un 12%, pero se debe a que la población tiene confianza en denunciar. Pedimos que no se dejen intimidar”.
Por esta razón el militar, indica que con el dinero pagado, los alzados en armas, compran armas de fuego, municiones y le pagan a varios sujetos para que cometan los delitos, como la realización de ataques.
Los empresarios, conductores, estarían siendo citados por los disidentes a zonas rurales de Tello, Baraya y Algeciras y al llegar estarían siendo constreñidos a pagar sus cuotas extorsivas.
Siendo Neiva, el municipio más perjudicado por este flagelo y los gremios más afectados son el cafetero y ganadero.
Asimismo, “las Disidencias, estarían obligando a los miembros de las juntas para que citen a la comunidad, quiero hacer público que se pueden ver involucrados en el ilícito de constreñimiento ilegal, es importante que no se presten para realizar este tipo de acciones”, agregó el castrense.
Según el artículo 182 del Código Penal que castiga este tipo de delito: “el que, fuera de los casos especialmente previstos como delito, constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, incurrirá en prisión de 16 a 36 meses”.
En cuanto al proceso de ‘carnetización’, se ha denunciado, que los disidentes han obligado a la población a comprar un carnet, que lleva el nombre de Asojuntas, el nombre del usuario, foto de la persona y número de cédula.
“Persiste la obligatoriedad de afiliación a las Juntas de Acción Comunal (JAC), la participación en actividades comunitarias y la carnetización de la población. Esta última es corroborada por los GAI en puestos de control para identificar y limitar a quien transita por el área rural. Bajo esta misma lógica, es frecuente que, a personas foráneas, instituciones del Estado, organizaciones internacionales y no gubernamentales que pretenden ingresar a algunos territorios se les requiera tramitar una autorización o permiso del GAI, indicando en ocasiones el nombre, placa del medio de transporte y número de ocupantes”, indica el más reciente informe de la Organización de Estados Americanos.
