La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha emitido una sanción histórica a 20 empresas y 26 personas naturales vinculadas a prácticas colusivas en procesos de contratación estatal que ocurrieron entre 2014 y 2020. Las multas impuestas ascienden a más de $28.200 millones, en un esfuerzo por combatir las irregularidades que afectan la competencia y el patrimonio público.
La investigación de la SIC reveló la existencia de una colusión entre las empresas sancionadas, que se habrían coordinado para obtener ventajas indebidas en procesos de contratación con entidades estatales. Se encontraron evidencias contundentes, incluyendo chats entre los investigados y funcionarios de la Superintendencia de Transporte y del Ministerio de Transporte, que demostraron un tratamiento preferencial en la tramitación de documentos para estos procesos.
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La resolución 11458 de 2024, emitida por la Superindustria, reconoce que estas prácticas afectan la dinámica de los procesos de contratación, comprometiendo la protección del patrimonio público. Las empresas sancionadas fueron especialmente seleccionadas para prestar servicios a entidades como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá y de Cundinamarca, entre otras.
Entre las conductas anticompetitivas identificadas se encuentran la manipulación de presupuestos, la distribución selectiva de procesos, la abstención de competencia real, y la presentación de ofertas múltiples para incrementar las posibilidades de ser escogidos, seguido de un reparto de ganancias entre los colusores.
La Superindustria destacó la colaboración de las autoridades en la recolección de pruebas, que incluyeron evidencia digital de equipos de cómputo y celulares. Además, se consideró como agravante la reincidencia de algunos investigados en este tipo de conductas.
Los sancionados tienen la posibilidad de interponer recursos de reposición, mientras que la Superintendencia continúa con su labor de inspección, vigilancia y control para garantizar la transparencia en los procesos de contratación y proteger los intereses del Estado y los ciudadanos.
