La próxima semana se va a realizar la Mesa Departamental, y van a invitar a entidades como Asoquimbo, las 427 familias afectadas, a la veeduría con el fin de conocer, a quienes le están vulnerando los derechos, para darlos a conocer en la citación hecha por la representante a la Cámara por el Huila, Leyla Rincón, a través de la Comisión Accidental, para hacer una reunión del tema el 19 de abril del año en curso.
Este proyecto energético, está localizado en jurisdicción de los municipios de Garzón, Gigante, El Agrado, Paicol, Tesalia y Altamira, departamento del Huila.
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Otros afectados por el Quimbo
En este sentido, Amín Losada, asesor de despacho de la Gobernación del Huila, manifestó: “recordemos que hubo unas vías de hecho en la pasada Semana Santa, siendo necesario que el secretario de Gobierno, Edgar Martín Lara, asistiera a ponerle fin al cerramiento de la vía y con los manifestantes, acordamos una reunión”.
La cita se dio el martes pasado, donde los reclamantes, expusieron su situación ante los funcionarios de la Gobernación del Huila.
“Efectivamente, hay una afectados quienes no han sido censados, no están en las bases de datos de la empresa Enel, entidad a cargo del proyecto hidroeléctrico el Quimbo y aquí lo que se busca es que se han escuchados, y se revisen cuales exactamente son sus perjuicios y que les reconozcan los daños o en su defecto se puedan dar las compensaciones necesarias” puntualizó el funcionario.
La Licencia Ambiental, se dio en el año 2009 y de allí salieron unas personas afectadas.
Más afectados por el Quimbo
“Después de la ejecución del proyecto, se vienen presentando más personas perjudicadas y son sobrevinientes, precisamente de lo que dejó el proyecto. Hoy estamos viendo asociaciones de jornaleros, de agricultores, pescadores artesanales, y lo que buscan es que les abramos las puertas, para que Enel, les pueda revisar cada uno de los casos e identificar quienes han sido afectados”, indicó, Amín Losada.
Los afectados que no habían sido reconocidos, cuentan con una veeduría que se ha ubicado principalmente en el municipio de Gigante.
Por su parte, Ferney, quien coordina la Veeduría de Afectados del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, señaló: “soy el presidente de la veeduría ciudadana de la licencia al seguimiento de este proyecto energético, en este orden de ideas, ese plan generó una cantidad de afectaciones a muchísimas comunidades en los seis municipios del área influencia, debido a tanto inconformismo suscitando con la implementación del proyecto, hay muchas comunidades que hoy se encuentran en el limbo, porque no tienen algo claro con relación al tema de compensaciones e indemnizaciones”.
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No están reconocidos como afectados
Según el veedor, los resarcimientos se quedaron plasmados en la Resolución 899, que es la licencia del proyecto.
“En este orden de ideas, nos dimos a la tarea de crear entre los años 2022 y 2023, con el apoyo del anterior Gobierno Departamental, una veeduría ciudadana para el seguimiento a las obligaciones plasmadas en la Licencia Ambiental y el 20 de enero del presente año logramos reunirnos con varias agrupaciones campesinas afectadas y que aún no han sido reconocidas por el proyecto energético, de ellos logramos identificar 18 grupos, que hoy añoran que Enel o el Estado, les dé una reparación directa o compensación, de allí nació una mesa de veeduría”, destacó el líder.
Posteriormente al ver que nadie escuchaba sus peticiones, la comunidad tomó las vías de hecho en el centro poblado río Loro, ubicado entre los municipios de Gigante y Garzón y cerró el paso de la vía, que afortunadamente se logró negociar.
Ya la representante a la Cámara por el Huila, Leyla Rincón, promovió un debate de control político en el año 2023 en la Comisión Quinta, donde se adquirieron unos compromisos con la ministra del Medio Ambiente, Susana Muhammad.
El debate realizado
La cita ocurrió en abril de 2023. Durante el debate de control político realizado por la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, el Gobierno Nacional sentó su posición oficial para exigir a la empresa Enel-Emgesa el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, en Huila.
“El Gobierno en los últimos años no pudo tomar una posición y articularse con los entes regionales. Lo que nos compete hoy como Gobierno es hacer que la empresa Emgesa cumpla con sus obligaciones”, afirmó la ministra de Ambiente, Susana Muhamad.
En este sentido, la jefe de la cartera ambiental también recalcó que está claro que Emgesa no está cumpliendo la licencia ambiental, lo que implica que se deben tomar acciones que requieren escalar la acción pública y política más allá de la licencia para resolver los conflictos socioambientales derivados del proyecto.
“Hago un llamado a consolidar un bloque público entre entidades nacionales y locales para defender lo público y hacer cumplir las obligaciones acordadas. No va a haber una movilización administrativa de la licencia hasta que no avancemos en los acuerdos públicos en los que debemos avanzar”, puntualizó.
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Respaldo gubernamental
En este sentido y frente a los compromisos adquiridos por el Estado, Juan Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, manifestó: “aquí hay un compromiso saldado por parte de una sentencia de la Corte Constitucional, y no se puede enredar el cumplimiento, por ‘embelecos de Emgesa. Vamos a desarrollar un plan de trabajo detallado, que garantice y asegure, honrar la palabra y cumplir como agencia y Gobierno Nacional con la reubicación”.
“Ya hablamos con ellos (Enel), y además agarró ‘vuelo’ la idea, de que prácticamente hay que pedirle el ‘favor’ a Emgesa, de que suministre los datos de las personas a reubicar. Eso no funciona, ni va a ser así”, destacó el funcionario. Este plan va dirigido para quienes no hayan sido censados por la empresa.
“Vamos a adquirir tierras, independientemente de la cuenta corriente asociada al cumplimiento de la sentencia de la Corte y de los recursos de la empresa y si es necesario que nosotros aseguremos otros recursos adicionales os, para honrar la palabra, lo vamos a hacer y en ese sentido vamos a reactivar con toda la potencia. Esas son las instrucciones que le dejó a la UGT-Huila”, agregó Felipe Harman.
Este proyecto energético, está localizado en jurisdicción de los municipios de Garzón, Gigante, El Agrado, Paicol, Tesalia y Altamira, departamento del Huila.
No los habían reconocido como víctimas
Otro de las graves problemáticas, registradas en este ente territorial y que dio a conocer, Diario del Huila, es que no censaron a toda la población del centro poblado La Cañada, que también son afectados por el proyecto energético.
En este sentido, Martha Isabel Ortiz, presidenta de la Junta de Acción Comunal centro poblado Las Vueltas de El Agrado, indicó “en esta zona hay 310 habitantes, y solo fueron censadas 36 personas, y para mí se presentó en ese momento una irregularidad, durante la realización de este proceso, pues el líder de la junta, quien hizo las inscripciones, trabajaba en su momento para Emgesa”.
“Pues no hablamos únicamente de problemas con el censo. Yo accioné una acción de tutela por violación a los derechos humanos de esta comunidad, porque nos dejaron en total abandono, dejaron que hicieran con nosotros lo que quisieran”, añadió la líder.
