La Defensoría del Pueblo ha emitido una Alerta Temprana ante el riesgo inminente de violaciones a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) que enfrentan aproximadamente 102,000 personas en los municipios de Garzón y Gigante, en el departamento del Huila.
Esta situación se debe a la expansión y operación de la facción disidente de las antiguas FARC-EP, específicamente el Estado Mayor Central, a través de los Frentes Iván Díaz y Rodrigo Cadete, ambos pertenecientes al Bloque Comandante Jorge Suárez Briceño.
Riesgos
El riesgo para la población civil se manifiesta a través de la imposición violenta de pautas de control social y territorial. Entre las violaciones a los derechos humanos registradas se encuentran homicidios, amenazas, extorsiones, cobros forzados, posibles casos de reclutamiento forzado, restricciones a la movilidad y otros actos de gobernanza criminal. Esta Alerta Temprana se fundamenta en el artículo 15 del Decreto 2124 de 2017, que establece la emisión de alertas cuando las circunstancias lo ameriten, en un plazo no mayor a 48 horas tras conocerse la situación de riesgo.
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Afectación a la población civil
La Defensoría destaca que el riesgo es altamente probable y que nuevos hechos de violencia armada pueden perjudicar a la población civil, especialmente a líderes sociales, defensores de derechos humanos y del medio ambiente, así como a personas en proceso de reincorporación y sus familias. Además, sectores económicos como comerciantes, transportadores, servidores públicos, agricultores, ganaderos y pescadores se han visto afectados por extorsiones y exacciones.
Grupos delincuenciales y confrontación armada
En el escenario actual, se considera también la existencia de grupos de delincuencia común dedicados al microtráfico que podrían ser utilizados por la facción disidente de las FARC-EP. Además, se han registrado dinámicas de confrontación armada en el municipio de Florencia, Caquetá, colindante con Garzón.
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