DIARIO DEL HUILA, INFORME
Por: Rolando Monje Gómez
Una persona privada de la libertad, al dedicar 12 horas de estudio obtiene un descuento de un día en su pena. 5 de cada 100 personas privadas de la libertad no tenían ningún grado de escolaridad. La población carcelaria en el país era de 97.109 personas de los cuales en las cárceles del Huila se encuentran recluidas 2.925 personas, entre hombres y mujeres.
Las personas que fueron privadas de la libertad debido a condenas dictaminadas por la justicia colombiana cuentan con algunos beneficios administrativos como parte del proceso de reinserción social positiva.
Uno de estos beneficios, por ejemplo, es la redención de pena por trabajo o estudio, donde la persona privada de la libertad reduce el tiempo de su sentencia en un día de reclusión por cada dos días de estudio, que equivalen a seis horas de estudio y ese es el máximo número de horas a completar por día, esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del Código Penitenciario y Carcelario.
Según lo anterior, una persona privada de la libertad, al dedicar 12 horas de estudio (con un máximo diario de 6 horas) obtiene un descuento de un día en su pena, por lo que esto representa un incentivo a participar en las actividades académicas que se ofrecen al interior del penal.
Estas personas puedan obtener el título de bachilleres e incluso presentar las pruebas Saber 11, por medio de una educación por ciclos y, en algunos casos, obtener también títulos técnicos laborales y profesionales, tecnológicos o programas universitarios, con la finalidad de que, al terminar su pena, y con el apoyo del proceso formativo, reduzcan su probabilidad de reincidencia.
En Colombia de acuerdo con el Instituto Nacional Penitenciario de Colombia, Inpec, a septiembre de 2021, la población carcelaria en el país era de 97.109 personas de los cuales en las cárceles del Huila se encuentran recluidas 2.925 personas, entre hombres y mujeres, lo que representa el 3,01 de la población carcelaria nacional.
La tasa de reincidencia se estima en 23,6%, lo que equivale a 22.595 personas privadas de la libertad en septiembre de 2021. Para el caso del Huila la tasa de reincidencia está por encima de la media con 26,11%.
La reincidencia en Colombia es baja al compararla con países como Chile, Argentina y Brasil, que se encuentran alrededor de 40%. Sin embargo, al revisar las cifras del Inpec, se observa que cada privado de la libertad le cuesta al país anualmente $28.612.646, lo que equivale a un costo mensual de $2.384.387, es decir, 2,62 salarios mínimos mensuales. Los reclusos del departamento le cuestan al país 6.974 millones de pesos.
Lo anterior significa que las 22.595 personas que reinciden cuestan aproximadamente 53.875 millones de pesos, o el equivalente a aproximadamente 645 mil millones de pesos al año. Con estos recursos se podría financiar, por ejemplo, “la matrícula 0” de los 695 mil estudiantes que están en Instituciones de Educación Superior Oficial, o cubrir la matrícula de 59.415 estudiantes en la universidad pública a un costo de $ 10.934.7003, es decir, más de dos veces el número de estudiantes de pregrado por semestre.
Igualmente, este monto puede ser el equivalente a cubrir 2,4 veces los desembolsos por matricula del programa Ser Pilo Paga (que benefició a cerca de 40.000 estudiantes) en 2018 o 6,8 veces el costo en 2020 en matrícula del programa Generación E- Excelencia, o también el costo promedio de 350 colegios oficiales, lo cual equivale al costo de 253 mil estudiantes al año. Esto arroja un costo de aproximadamente 2 mil millones al año, lo que implica que con el valor gastado en la reincidencia 645 mil millones se puede costear 350 instituciones educativas.
El estudio realizado por el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, hace uso de los datos suministrados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que tuvo como objetivos: describir el panorama educativo al interior de los centros penitenciarios y carcelarios mostrando el máximo nivel académico de los privados de la libertad bajo detención intramural; detallar cuántos privados de la libertad se encuentran estudiando en los centros de reclusión apoyados en el incentivo administrativo; y como medida de resultado, analizar los resultados obtenidos por estas personas en la prueba Saber11, como aproximación de la calidad educativa al interior de los centros penitenciarios.
Datos del Inpec
En Colombia, en septiembre de 2021, de acuerdo con el Inpec existían cerca de 97.109 personas privadas de la libertad de manera intramural, de los cuales el 92.9% eran hombres. Además, aproximadamente 5 de cada 100 personas privadas de la libertad no tenían ningún grado de escolaridad y 9 de cada 10 no accedieron a educación superior, por lo que existen varios grados educativos que pueden cursar para aplicar al beneficio administrativo y que pueden servir como estrategia para reducir la reincidencia. La población privada de la libertad desde 2010 a 2020 en máximo 7% ha obtenido un título profesional.
Para el caso de las 2.925 personas que se encontraban privadas de la libertad en el Huila, el 4,8% eran iletrados (142 personas, todos hombres); el 36,82% tenían básica primaria, de estos 70 mujeres y hombres 1.007 (1.077 reclusos intramural).
El 50,49% de la población cuenta con educación media, de un total de 1.477 personas, 97 son mujeres. Por su parte con estudios técnicos, tecnólogos o profesionales en los centros penitenciarios del Huila se encuentran 84 personas (13 mujeres), que representan el 2,8% de los internos.
En septiembre de 2021, 40.420 privados de la libertad se encontraban en algún programa educativo, es decir, solamente el 41% de los privados de la libertad accedían a este incentivo. Sin embargo, es necesario aclarar que, el número de Personas Privadas de la Libertad (PPL) disminuyó a partir de mayo de 2020, lo cual se debe principalmente a las medidas de descongestión de los penales tomadas por la coyuntura del Covid-19.
Cifras del Icfes
Por otro lado, para tener una idea sobre el desempeño con relación a la población nacional, las bases de datos del Icfes muestran los resultados obtenidos por las personas privadas de la libertad en la prueba Saber11, en comparación con la media del puntaje global de la prueba y en las áreas de matemáticas y lenguaje.
La población privada de la libertad obtiene, en promedio, puntajes más bajos que la población de adultos y que el promedio del total nacional. Aunque no se pueden establecer las razones concretas que determinan un mal desempeño de esta población, los resultados pueden verse en parte explicados por la mala calidad educativa que reciben o por un bajo interés en aprender, entre otras razones.
La calidad de la educación es un factor que previene la reincidencia penitenciaria, por lo cual, entregar educación de calidad en estos centros es fundamental para apoyar el reintegro de los privados de la libertad a la sociedad y favorecer la reducción de las tasas de reincidencia.
En conclusión
El informe entrega una serie de conclusiones donde se indica que es muy importante avanzar en el acceso y la calidad de la educación para poblaciones carcelarias con el fin de contribuir a la disminución de la reincidencia de los reclusos con programas educativos efectivos de alto alcance no solo se podrían reducir delitos en el país, sino además los costos de futuros reclusos reincidentes (cerca de 2.6 SMMLV).
La inversión en mejores programas educativos y laborales en las cárceles, reducen la probabilidad de la reincidencia carcelaria y aumenta la probabilidad de resocialización, lo cual implica disminuir los altos costos carcelarios que presenta el erario actual.
Adicionalmente, “la probabilidad de participar en una acción delictiva aumenta cuando existe un menor nivel educativo en la población, por lo cual, para minimizar los altos costos del sistema carcelario es crucial brindar acceso al sistema educativo”.
Sin embargo, es importante aclarar que “el reto no solo está en brindar acceso sino en mejorar la calidad educativa básica y media en las actuales instituciones educativas, ya que esto es fundamental para la prevención de delitos realizados por los jóvenes en un futuro. Así, más jóvenes educados con mejor calidad educativa tienden a desertar menos del sistema educativo y a su vez se convierten en fuerza productiva fundamental para el desarrollo social y económico del país”.
Es fundamental que la educación en Colombia sea efectiva no solo en formación en habilidades cognitivas sino también en habilidades socioemocionales, de manera que garanticen la formación de ciudadanos con buenas habilidades sociales y emocionales para comportarse adecuadamente y relacionarse con los otros, personas empáticas, resilientes, capaces de comunicarse efectivamente, tomar decisiones de manera responsable, y en general ciudadanos capaces de responder a los desafíos actuales.
De tal modo, el desarrollo de habilidades socioemocionales debe ser un elemento transversal en los currículos y no limitarse a una o algunas asignaturas.
La población privada de la libertad obtiene, en promedio, en las pruebas Saber11 puntajes más bajos que la población de adultos y que el promedio del total nacional.
