Cuando se tenía la leve esperanza de tener una recuperación leve de la economía que tuvo una contracción brusca de un 6,8% durante la vigencia anterior, se empieza a vislumbrar nuevamente un panorama incierto en la dinámica productiva del país, por los bloqueos y taponamientos que se están presentando en algunas ciudades del país. Las protestas sociales que se suscitaron desde el pasado 28 de abril, tenían como objetivo el rechazo a la reforma tributaria, la cual fue retirada por el gobierno nacional producto de la presión social que se generó por los efectos negativos que tenía contra el bienestar general de la sociedad colombiana. Tras la renuncia del Ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla y de su viceministro, Juan Alberto Londoño, se pensaba que la tensión social iba a terminar. Pero no ocurrió así.
Desafortunadamente la protesta social exacerbó el inconformismo social que existe desde años anteriores, lo cual ha sido aprovechado y provocado por algunos líderes de la oposición al gobierno nacional que solo buscan réditos políticos para asumir el poder central. Lo anterior ha generado los más grandes hechos de saqueos y enfrentamientos con la fuerza pública, que nunca se había visto durante las últimas cinco décadas en el país.
Hemos sido reiterativos que la movilización nacional convocada por las Centrales Obreras y el Comité Nacional del Paro, en las principales ciudades del país, han continuado generando desabastecimiento de alimentos, bienes y servicios que están colocando en serios aprietos a las familias que residen en estas zonas urbanas. La presencia de vándalos y anarquistas ocasionan zozobra y temor entre la población civil, por los daños a la infraestructura productiva, a través del accionar irracional de desadaptados sociales encapuchados que destruyen todo a su paso.
Así como vamos, el país se les está saliendo del control a las autoridades gubernamentales. Falta autoridad y decisión para poder contrarrestar esta violencia que cada vez está creciendo y que están desbordando la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública. Las limitaciones que les han impuesto los fallos judiciales por parte de los Organismos de Control les impiden cumplir con la misión Constitucional de proteger a la población civil que se encuentra inerme en medio de este conflicto urbano.
Si este ambiente de violencia no se detiene, estaremos ad-portas de que sucedan hechos imprevisibles en la vida republicana de nuestra Nación. Estamos viviendo momentos muy difíciles. No queremos desde esta tribuna generar pánico. Pero los hechos acaecidos en otros países están demostrando las bases para generar futuras transformaciones en el futuro político de nuestro país, mientras la destrucción progresiva continúe y siga con su poder destructor amenazante a las instituciones democráticas del país.
Responsabilidad social, base principal para evitar tercer pico de covid
