Con este anuncio, se inician las sesiones en la Asamblea Nacional de Ecuador: “Se informa a los asambleístas que a las 10h00, de este viernes 17 de noviembre de 2023, en el Palacio Legislativo se realizará la sesión instalación de la Asamblea Nacional, en la cual elegirán, entre otras autoridades, a los miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL) que estarán en funciones hasta mayo de 2025”.
Esta primera sesión será dirigida por los asambleístas nacionales que encabezaron las tres listas con mayor votación, quienes ejercerán la dirección, subdirección y secretaría, respectivamente.
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de entre los 137 asambleístas se debe designar un presidente, un primer vicepresidente, un segundo vicepresidente y cuatro vocales del CAL, estos últimos deben pertenecer a diferentes bancadas legislativas.
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El Parlamento está conformado por 137 asambleístas: 15 nacionales, 116 provinciales y 6 en representación de los ecuatorianos en el exterior. De estos, 78 son hombres (57 % del total) y 59 mujeres (43 %). A este nuevo legislativo regresan alrededor de 40 parlamentarios que fueron cesados por la muerte cruzada, de más de 60 que buscaban la reelección.
Hay que recordar que el 17 de mayo del presente año, el en su momento presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disolvió el miércoles por decreto la Asamblea Nacional, adelantando las elecciones legislativas y presidenciales, un día después de presentar su defensa en un juicio político en su contra.
Lasso niega las acusaciones de que hizo la vista gorda ante la supuesta malversación de fondos relacionada con un contrato en la empresa estatal de transporte de petróleo Flopec, argumentando que su administración hizo cambios rentables al acuerdo, que se firmó años antes de que él asumiera el cargo.
En el decreto ejecutivo 741 firmado por el mandatario, se hace mención a la crisis política que atraviesa el país y, además, Lasso acusa a la Asamblea de «un afán de desestabilización contrario a la obligación de colaboración y coordinación entre entidades públicas y poderes del Estado».
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