Entre 400 y 500 quejas ciudadanas, recepcionó, la Defensoría del Pueblo seccional Huila, posteriormente, se le asigna a un funcionario, si es para una asesoría o un abogado en su defecto y a través de las direcciones, se le brinda la ayuda al querellante.
En el mes de marzo, la unidad móvil de esta entidad que vela por los derechos humanos, estará en los municipios de Algeciras y La Plata. La jornada inició en Neiva, donde se ubicaron en La Plaza Cívica Los Libertadores.
Defensoría y atención ciudadanía
Frente a esta jornada de atención ciudadana, se conoció que la apuesta del defensor del Pueblo, Carlos Camargo, es llevar la entidad a la ciudadanía colombiana, con el fin de que reciban asesorías relacionadas con las distintas problemáticas que los afectan y donde se considere, existe vulneración de los derechos humanos.
En este sentido, Johana Elena Rojas, defensora del Pueblo-Seccional Huila, indicó: “en nuestra unidad móvil de la Defensoría, recepcionamos todo tipo de quejas, en donde atenderemos a las personas que vienen en busca de ayuda, para que nosotros apadrinemos toda las gestiones que ellos tienen, ante las demás entidades del Estado”.
Asimismo, del evento hicieron parte la Personería de Neiva, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Procuraduría y Armada Nacional.
La jornada busca atender entre 400 y 500 personas, que se sientan afectaciones en sus derechos.
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Las principales quejas ciudadanas
“Las estadísticas nos indican que las principales querellas de la ciudadanía neivana y huilense, se dan por la mala atención del servicio de salud en temas como la prestación asistencial, entrega de medicamentos y citas médicas”, agregó la abogada.
También los profesionales de la entidad, se encuentran atendiendo problemáticas relacionas con vivienda, educación, género, conflicto armado y víctimas.
“Sabemos que el sistema de salud, entró en crisis y no es de ahora. Es una dificultad que ha venido desafortunadamente gestándose, y tendríamos que decir que toda la red de prestadores, se encuentra en este momento colapsada por la intervención de la Superintendencia de Salud a varia de ellas, y por supuesto el número de usuarios a atender, sobrepasa las capacidades instaladas”, puntualizó la defensora.
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Quejas de las EPS y clínicas
Y es que según la funcionaria, han recibido quejas de todas las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
“Hemos recepcionado querellas por ejemplo de Asmet Salud, Nueva EPS. Asimismo, de las clínicas que son las instituciones prestadoras de los servicios de salud, que tienen convenios con las promotoras, que tienen deudas millonarias con estos con estas instituciones y por esta razón, niegan los procedimientos y los medicamentos”, añadió, Johana Elena Rojas.
La Superintendencia de Salud dio a conocer un informe en el que reveló el número de quejas que maestros de Colombia han interpuesto por el servicio de salud.
El documento evidenció que, durante el periodo comprendido entre enero y agosto de 2023, se recibieron 31.263 reclamos relacionados, específicamente, con la calidad y oportunidad en la prestación del servicio de salud del magisterio.
Protesta de los profesores
En relación a la manifestación realizada en agosto de 2023, Jairo Losada, secretario general de la Asociación de Institutores Huilenses, (ADIH), expresó: “los profesores tenemos un mal servicio de salud, queremos uno digno, por esto estamos en las calles. Hemos llegado al extremo, de tener que colocar derechos de petición, tutelas, para poder acceder a los medicamentos o lograr una cita con un médico especialista”.
Diario del Huila, dialogó con la maestra, Lina Ovalle, quien manifestó: “tenía una cita con el endocrinólogo, me la cancelaron y ahora me toca volver a pedir un llamado con el médico general, para que este me valore y ahí si tenga turno con el especialista de nuevo”. La profesora tiene la formula médica, con el radicado del 26 de mayo de 2003. En este sentido, la educadora, Yaneth Córdoba, agregó que hay tratamientos que no avanzan para manejar una enfermedad, primero la afectación avanza, poniendo en peligro la vida del paciente.
Asimismo, lo señaló la catedrática, Lucía Tello Vargas: “los docentes del magisterio tenemos un pésimo servicio de salud, en cuanto a la atención prioritaria, demora en asignación de citas médicas, incluso ‘trabas’ en la entrega de medicamentos, medicinas que no se encuentran. A veces hay que sacar de nuestro bolsillo y comprarlas. Hasta los vigilantes nos tratan mal”.
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Víctimas de desplazamiento
Y en relación a las víctimas de desplazamiento forzado, que también es otra de las querellas demandadas. “Tuvimos dos desplazamientos en el año 2023, que todavía se encuentran con una estela de dolor por la inatención del Estado, frente a los temas de educación, salud, vivienda y alimentación”, señaló la defensora.
La población afectada corresponde al municipio de La Plata y al centro poblado de El Pato, Caquetá.
Cabe recordar que en el departamento del Huila, hay 221.020 afectados y en el Caquetá, 200. 874. Ya en lo corrido del año, la Unidad para las Víctimas, ha entregado la medida de indemnización a 72.090 víctimas con un aporte de 754.767 millones de pesos, como parte de la compensación económica.
“Desde la Unidad paras las Víctimas seguimos trabajando por el reconocimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado; por eso, se ha avanzado en la entrega de la medida de la indemnización, llegando al Valle del Cauca con 10.851; Antioquia, con 7.814 y seguida de Nariño, con 6.192; siendo este recurso económico importante para las víctimas, con el fin de fortalecer sus proyectos de vida”, expresó la directora de Reparación de la Unidad para las Víctimas, Sandra Alfaro Yara.
Las indemnizaciones
En relación a esta política pública de reparación, Sonia Lucía Londoño Niño, subdirectora de la Unidad para las Víctimas, manifestó: “en el mes de septiembre entregamos, 777 cartas de indemnización a víctimas por orden de los $12.000 millones”.
Las personas que se consideren afectados por el conflicto armado, deben acceder a la ruta contemplada en la Ley 1448, hace el proceso de inscripción, luego en el Registro Único de Víctimas y de ahí se hace una valoración de los hechos victimizantes, para luego entrar en el proceso de reconocimiento de la medida de indemnización.
Según el análisis hecho por la entidad, para pagar todo la política pública de víctimas, se necesitan $301 billones y a esta medida, $6 millones de personas tienen este derecho y el presupuesto existente, no es suficiente. Esperan indemnizar a 600.000 personas en este cuatrenio.
En cuanto a las personas que han sido indemnizadas, un trabajador del agro opita, ya lo fue, y cinco afectados de la violencia, fueron subsanados en el departamento del Caquetá.
