La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), junto a sus 17 seccionales a nivel nacional, emitió un comunicado en el que además, rechazan el reciente aumento en el precio del ACPM, decretado por el gobierno nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Este incremento, efectivo desde el 31 de agosto de 2024, ha generado un profundo malestar en el gremio transportador, que lo considera una medida arbitraria y en contravía de los acuerdos previamente establecidos con el presidente de la República en 2022.
En el comunicado, la ACC enfatiza que, durante 18 meses de negociaciones, en las que participaron junto con la Cámara Integrergremial de Transporte Unidos, se evidenció que la fórmula utilizada por Ecopetrol para el cálculo del precio del ACPM no reflejaba las necesidades del país y presentaba graves fallas. Sin embargo, el gobierno decidió unilateralmente aumentar el precio, sin considerar las propuestas alternativas presentadas por el gremio.
Señalan que el alza del ACPM impactará directamente a los 4.000 transportadores más ricos del país y a la canasta familiar de los 50 millones de colombianos, además de afectar el costo del combustible y la estructura de costos de todo el sector transportador. La ACC denuncia que esta decisión del gobierno no solo pone en riesgo la estabilidad económica de miles de familias, sino que además erosiona el eslabón más débil de la cadena del transporte, representado por los camioneros.
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La situación ha escalado a un punto crítico, con la ACC acusando al gobierno del presidente Gustavo Petro de persecución y estigmatización al gremio transportador. En el comunicado, se señala que el mandatario utilizó su cuenta en la red social X para acusar a los directivos de la ACC de estar vinculados al uribismo y a planes desestabilizadores, comparando la situación con el golpe de Estado en Chile en 1972.
La ACC señaló que rechaza categóricamente estas acusaciones y las considera un intento por desacreditar la protesta pacífica del gremio, que lleva 28 años defendiendo sus derechos. La asociación ha solicitado la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, así como de la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales, como la ONU, para que se protejan sus derechos constitucionales a la protesta.
En respuesta a la creciente tensión, la ACC ha decidido abstenerse de participar en cualquier tipo de protesta hasta nuevo aviso, debido a la falta de garantías de seguridad para sus miembros y la estigmatización a la que se ven sometidos. No obstante, reafirmaron su derecho a protestar pacíficamente y ejercer presión para que se respeten los acuerdos alcanzados previamente con el gobierno.
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