Bajo el lema de “ordenar la casa”, el Gobierno de Chile promulgó ayer la nueva Ley de Migración que tardó 8 años en aprobarse y que ha recibido un aluvión de críticas de la oposición y de organizaciones promigrantes, por imponer una mayor “rigidez” fronteriza y agilizar las deportaciones.
“El objetivo es poner orden en nuestra casa a través una política ordenada, segura y regular que permita la inmigración legal y combata la ilegal”, afirmó el presidente, el conservador Sebastián Piñera.
La nueva ley, ingresada en 2013 en el Parlamento por el actual presidente durante su primer mandato (2010-2014), busca facilitar las deportaciones y exige obtener un visado en el país de origen con el fin de evitar que extranjeros ingresen en calidad de turistas y cambien su calidad migratoria para buscar trabajo.
La norma se aprobó el pasado diciembre en el Parlamento tras una entrampada discusión, pero en enero un grupo de diputados de izquierdas (oposición) presentó ante el Tribunal Constitucional un requerimiento al considerar “inconstitucionales” varios artículos que el Ejecutivo consideraba “claves”.
El máximo tribunal objetó seis disposiciones, entre las que destaca la que prohíbe privar de libertad durante 72 horas a una persona que haya obtenido una resolución de expulsión y el artículo que regulaba el retorno asistido de niños y adolescentes.
Inicialmente la norma establecía que menores “no acompañados” pudieran “ser sujetos a un procedimiento de retorno asistido al país del cual son nacionales”, pero esto fue desestimado por el tribunal.
