Gloria Camargo
El modelo de las Alianzas Público-Privadas (APP) en infraestructura, que ha permitido la financiación y operación óptima de inversiones en Colombia en las últimas tres décadas, se encuentra en riesgo debido a los anuncios del gobierno que podrían generar una contingencia fiscal del orden de $13,8 billones en los próximos años, según un estudio desarrollado por la Fundación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo).
El decreto 005 de 2023, emitido por el gobierno en enero de este año, ordenó no incrementar las tarifas de peaje a vehículos que crucen por las 143 estaciones a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías) y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), ubicadas a lo largo del territorio nacional. Sin embargo, esta decisión ha generado preocupación entre los expertos, quienes señalan que podría afectar a mediano y largo plazo el modelo de las APP en infraestructura.
El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, explicó que las APP son esquemas de ejecución que exigen estabilidad institucional y jurídica, y es fundamental profundizar el modelo en transporte como un instrumento crucial para el desarrollo nacional y la reducción de la pobreza en Colombia, dado su aporte macroeconómico y su capacidad para habilitar nuevos negocios. Para esto, es necesario mantener unas reglas claras que permitan asegurar la sostenibilidad del modelo.
El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, reconoció que la decisión de congelar los precios de los peajes tendría que ser revertida en algunos megaproyectos, y mencionó que la congelación de la tarifa no es indefinida, pues «el Gobierno comprende la importancia de mantener el modelo». Agregó que se planea contemplar más recursos para infraestructura a partir de la valorización.
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Cada año, las tarifas de los peajes aumentan según el dato de inflación suministrado por el Dane. Para este año, los montos deberían haber subido 13,12%, según el IPC de 2022. Sin embargo, el decreto emitido por el gobierno impidió el aumento de las tarifas, lo que ha generado preocupación entre los expertos, quienes señalan que esto podría tener consecuencias negativas para el modelo de las APP en infraestructura.
El director del estudio, Juan Benavides, concluyó que el desmantelamiento del modelo de APP reduciría la dotación de infraestructura de buena calidad, aumentaría los costos generalizados de transporte, reduciría el ritmo de crecimiento del PIB, y empobrecería a la mayoría de la población. Por lo tanto, es fundamental que se mantengan unas reglas claras que permitan asegurar la sostenibilidad del modelo y se contemplen más recursos para infraestructura a partir de la valorización, para evitar poner en riesgo la estabilidad institucional y jurídica del modelo de las APP en infraestructura en Colombia.
