La Procuraduría General de la Nación ha expresado su preocupación y ha encendido las alarmas ante la inminente lluvia de demandas que podría desencadenar la decisión de no incrementar las tarifas de peajes a cargo del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Esta medida, tomada por el Gobierno Nacional a través del Decreto 0050 del 15 de enero de 2023, pone en riesgo múltiples proyectos de infraestructura de transporte vial en el país.
El Ministerio Público comparte los análisis financieros realizados por FEDESARROLLO, los cuales indican que la falta de ajuste tarifario, que para este año estaba estipulado en un 13 por ciento, generará un detrimento de un billón de pesos para los concesionarios en 2023. Además, se prevé un déficit fiscal que podría llevar al Estado y a todos los colombianos a cubrir estos recursos adicionales, alcanzando una cifra cercana a los $13,8 billones para el año 2040.
Le puede interesar: Caso ‘chuzadas’: citan a tres patrulleros y un intendente de la Policía a interrogatorio
Ante esta situación de incertidumbre, la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia de la Función Pública ha requerido al INVIAS y a la ANI que expliquen cuáles son los planes de contingencia que han adoptado para garantizar el equilibrio económico de los contratos afectados.
Asimismo, el ente de control ha solicitado información a la ANI sobre las gestiones realizadas para asegurar el aporte de recursos correspondientes al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales. De no cumplir con estas gestiones, se podría poner en riesgo la liquidez de la agencia.
Con estas acciones preventivas, el Ministerio Público busca salvaguardar el desarrollo de la infraestructura vial en el país y evitar demandas cuantiosas que finalmente recaerían sobre los contribuyentes.
La falta de incremento en las tarifas de peajes ha generado un panorama desafiante para los concesionarios y organismos encargados de la infraestructura vial, quienes enfrentan dificultades financieras que podrían obstaculizar la ejecución de proyectos importantes para el desarrollo del país.
