Dos jueces les han dado la razón a los educandos. La más reciente decisión obliga a garantizarle la educación a Mariana Escarria González. Temen protestar para pedir mejores condiciones.
DIARIO DEL HUILA, INVESTIGACIÓN
CARLOS ANDRÉS PÉREZ TRUJILLO
Nuevamente un juez les dio la razón a los estudiantes que protestaron en la Corhuila. Esta vez el Juzgado Segundo Penal Municipal de Neiva ordenó garantizar el derecho a la educación de la estudiante Mariana Escarria González.
Por otro lado, el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Neiva dio similar orden para la estudiante Brenda Yurani Calderón Peña, y adicionalmente le ordenó hacer bien el proceso administrativo a la Corporación Universitaria del Huila (Corhuila), ya que violó el debido proceso al sancionarla, sin garantizarle la doble instancia.
En lo relacionado con Mariana Escarria el togado señaló que no se hizo énfasis fáctico en los cargos que se le endilgaron a la estudiante. “…Como ya se expuso, se genera por la formulación ambigua, inespecífica, obscura, de la supuesta conducta realizada por la accionante, pues no hay precisión clara respecto de los aspectos de tiempo, modo y lugar mediante el cual a Escarria González afectó la prerrogativa establecida en el artículo 87 del Acuerdo 400 del 14 de septiembre de 2016, en sus numerales 9. Obstaculizar el normal funcionamiento académico y administrativo de la institución; y 13. Generar conductas que lesionen la libertad, la honra, la seguridad, la integridad personal, el buen nombre, el honor y la intimidad”.
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El juez fue enfático en señalar que la universidad le formuló cargos a la estudiante, pero no “dice cuales fueron esos actos orientados a afectar el normal funcionamiento de la institución educativa”, es decir, sancionaron a la estudiante Escarria violando el debido proceso, su defensa, en otras palabras, se cometió una acción de hecho. En el análisis probatorio, el juez señaló que después de ver todos los videos allegados al plenario, y tras un análisis holístico, “no logra evidenciar la más mínima participación en los hechos de manifestación ocurridos el 17 de marzo de 2023”.
Otra nulidad por resolver
Hace unos días se conoció la decisión de un juez en la que se ordenó reintegrar de manera inmediata a la estudiante Brenda Yurani Calderón Peña a las aulas de clase, luego de haber sido expulsada por haber protestado pacíficamente en la Corhuila, junto a un grupo de más de 30 personas.
Esta medida se mantuvo tras la decisión de primera instancia, sin embargo, la juez ordenó nulitar todo lo actuado en relación con la primera instancia del proceso disciplinario “No 001 de 2023 adelantado por la Corporación Universitaria del Huila – Corhuila, únicamente en lo relacionado con Brenda Yurani Calderón Peña, a partir de la decisión de primera instancia adoptada mediante “Acta 346 de Consejo de Facultad de Medicina Veterinaria y Ciencias Afines y Acta 446 del Consejo de Facultad de Ingeniería, Consejo de Facultad Ampliado” del 23 de junio de 2023, para que en un término de 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, el rector, los consejos de Facultad de Medicina Veterinaria y Ciencias Afines e Ingeniería –Consejo de facultad ampliado– y el Consejo Académico de la Corhuila”.
“La autonomía universitaria no puede pasar por encima de los derechos de los estudiantes como lo son la educación, protesta pacífica, libertad de expresión, y sobre todo el derecho a la igualdad”, recalcó Brenda, “los administrativos de Corhuila han tomado decisiones arbitrarias para pasar por encima de la Constitución Política”.
Tanto Calderón Peña como la estudiante Escarria González, son dos de los ocho estudiantes que la universidad decidió sancionarlos y expulsarlos de sus instalaciones, por protestar pacíficamente al pedir mejores condiciones académicas para su carrera. Para la operadora de justicia fue evidente que hubo violación del debido proceso en el caso de Brenda.
Una similar posición sentó el juez José Darío Toro Osso, al resolver la situación de Mariana, “Por lo tanto, se subsume que el proceso disciplinario y la sanción impuesta por la Corhuila vulneró a todas luces el derecho fundamental al debido proceso y derecho a la defensa de Mariana Escarria González”, y agrega: “pues el trámite adelantado desconoció realizar una exposición detallada de la conducta desplegada por la actora, la inexistencia de prueba inclusive sumarial de algún hecho generador de la conducta atribuida a la accionante, además, de la inexistente valoración probatoria realizada con respecto a la decisión sancionatoria; obliga a este Despacho tutelar los derechos fundamentales de la accionada a la defensa, debido proceso y educación”.
Se pronunció también el MEN
Luego de que se mediatizara la noticia de la expulsión de los estudiantes por ejercer la protesta frente a la Universidad Corhuila, el Ministerio de Educación Nacional en cabeza del subdirector de Inspección y Vigilancia requirió al centro de estudios para que explicara la situación.
Dentro de los requerimientos está el de “emitir un pronunciamiento de fondo sobre los hechos descritos en la denuncia, y de manera especial, respecto a las presuntas irregularidades en la prestación del servicio de educación que se señalan”. Además advierte: “Remitir copia del reglamento estudiantil y disciplinario de la Institución de Educación Superior, así como, de sus modificaciones si las hubiere”.
Por otro lado les pidió un informa detallado de las razones fácticas y jurídicas que llevaron a la exclusión o suspensión temporal de cualquier programa académico de los estudiantes Valeria Cabrera Brand, Mariana Escarria González, Nayelli Montoya Quintero y Paula Daniela Samboní Ramírez, Brenda Yurani Calderón Peña, Juan José Guerrero Rodríguez, Oscar Alberto Escobar Celis, y María José Suárez Bedoya.
El contexto del conflicto
Los hechos iniciaron el 16 de marzo en la sede de Prado Alto de Neiva. Allí, un grupo de más de 60 estudiantes de la Corhuila le pidieron a la universidad mejorar los ‘vacíos’ académicos, aclarar la obligatoriedad de ocho niveles del área de inglés, que estando fuera del plan de estudios (pensum) los estudiantes los tenían que pagar, cada nivel a $469 mil, según el relato de estudiantes; quienes también piden disminuir el alto costo de la matrícula.
Los estudiantes que se acercaron, sabían que en las escaleras de la entrada principal de la universidad en Prado Alto el sindicato había convocado una jornada de protesta por el maltrato administrativo a algunos docentes.
Los videos de la protesta
Lo que ocurrió ese día, en las horas de protestas, quedó registrado en un video. Allí se evidencia que las puertas se cerraron, por orden al parecer del rector, según como se muestra en el video; y los estudiantes no pudieron ingresar a ver las clases. Los trabajadores tampoco pudieron entrar y salir de este lugar.
Ese día, el rector estaba en la Asamblea General al interior de la universidad (según el relato de algunos involucrados), a quien le pidieron que saliera y hablara con los estudiantes pero finalmente no lo hizo.
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Al día siguiente nuevamente se acercaron a la universidad a manifestarse, esta vez en la sede del barrio Quirinal. La Policía ingresó a la universidad y les advirtió que las universidades públicas y privadas estaban en paro, por eso se cerraron. “Yo les dije que no, que eso no era verdad. Entonces los policías, manifestaron que los dejaran pasar que el rector los había llamado”, dijo una estudiante a este medio de comunicación.
Entre las 9.35 y las 10.00 de la mañana pusieron unas cintas al frente de la puerta principal de la universidad en la sede Quirinal. Pese a esto las personas tuvieron ingreso como se evidencia en algunos videos de la universidad, donde, incluso, hasta ingresa una persona de la tercera edad, integrante del Consejo Superior.
