La Corte Constitucional ha terminado convertida en un ring en el cual, concepciones personales e individualistas se imponen sobre la interpretación de los principios constitucionales y sobre la legalidad de las normas vigentes, hasta el punto de que cada día es más odiosa la presentación que los medios de comunicación se encargan de hacer, para advertir sobre la rivalidad de posiciones ideológicas que terminan generando una desconfianza y una pérdida de credibilidad en las instituciones, especialmente en aquella encargada de velar por la supremacía y el imperio de la Constitución Política de Colombia, en un Estado Social de Derecho.
Esta situación que se ha venido presentando y que no es de ahora, nos llaman la atención para precisar que es hora de rescatar los preceptos de todo lo que se llama la guarda y la defensa de las instituciones, para que en últimas, las decisiones en los órganos colegiados, especialmente en la Administración de Justicia o en la Corte Constitucional, terminen por difundirse y darse a conocer como decisiones adoptadas por ella, como un todo, y no por un grupo o como se ha venido presentando, por cuatro contra cinco.
Las razones y los fundamentos de una decisión que ha de cobijar a toda una sociedad y que ha de terminar por ser el imperativo sobre el cual ha de regirse una norma o una interpretación o una garantía jurídica constitucional, requieren que la sociedad en pleno, se adhiera a ella, la tome como un precepto de obligatorio cumplimiento y que no se adviertan los elementos esenciales de la división que pudieran generarse en el desarrollo de la discusión y adopción final de la decisión adoptada.
Esa discusión que generalmente se trasciende y sobre la cual se hacen toda clase de elucubraciones doctrinarias, jurídicas y políticas, son las que nos hacen daño, especialmente cuando de dividir a la opinión pública se trata, cuando se busca enrostrar o llamar la atención para deslegitimar a un Magistrado por su vida personal o sus concepciones jurídicas, políticas o sociales y su rol en la sociedad misma.
Se llega entonces a pensar que estamos en mora de buscar realmente consensos, que los mismos sean la consecuencia y el fruto de una evolucionada correspondencia de ideas en las cuales, se retroalimenten los que han de plasmar una decisión y se adviertan las fisuras internas, de la manera que no dejen huella y que no se presenten a advertir, como se ha venido haciendo hace mucho tiempo, cuando desde la postulación de los candidatos a las Altas Cortes, nos encontramos con el guiño del mandatario de turno o cuando se pretende ir sumando uno tras otro, voces para que se refrende un apoyo a la política estatal, lejos de conferirles la autonomía, la independencia y la capacidad de saber que han de obrar en búsqueda de la unificación de criterios hacia la consolidación de un verdadero Estado Social de Derecho.
Se podría afirmar que la institucionalidad es una sola, que la división de opiniones y la forma como se presenta la discusión en esas instancias de las Altas Cortes o de muchos Tribunales y Jueces, se corresponden necesariamente a la aplicación de la ley, pero desafortunadamente estamos lejos de entender y comprender que somos un país legalista, que se ha encargado de construir una concepción de la ley fría, odiosa y repulsiva contra la sociedad misma, y que hemos deshumanizado el Derecho, que se ejerce la justicia de espaldas a la convivencia y al principio universal de la paz y de la defensa de los desprotegidos y de los ciudadanos que obran correctamente confiados en las instituciones.
Pero estamos lejos de alcanzar una sociedad con jueces que prediquen y construyan hacia la convivencia o hacia la armonía social, como es de esperarse y como fueron nuestros sueños, hace más de cuarenta años.
