La sana la intencionalidad del presidente Gustavo Petro Urrego para buscar la paz total, que hasta el momento ha sido un total fracaso, a través de los diálogos que se iniciaron con algunas organizaciones narcoterroristas, han generado una total decepción en la mente de la sociedad colombiana, por el accionar violento e irracional de sus integrantes contra los integrantes de aparato armado del Estado. Total, rechazo de la sociedad colombiana, por el atentado terrorista perpetrado por el ELN el martes anterior en la base militar de Puerto Roldan en Arauca. Las Fuerzas Militares señalaron que esta organización subversiva fueron los autores del abominable y salvaje ataque, que dejó 27 uniformados heridos, siete de ellos con pronóstico grave, y dos muertos identificados como Julián Patiño Arango y Bairon Andrés Correa Vargas. En una volqueta cargada de tierra se lanzaron 17 cilindros (tatucos) al Batallón de Artillería de Campaña N°18 ubicado en esta localidad. Así mismo, el Ejército denunció que el ELN utilizó artefactos improvisados a tan solo 900 metros de una escuela con más de 300 menores de edad, lo que catalogaron como una clara violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
Lo anterior, ocurrió en medio de una crisis sin precedentes y en un proceso de congelamiento indefinido. El Gobierno endureció su postura frente a los diálogos con el ELN, luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara que el atentado contra esta base militar, “prácticamente cierra el proceso con sangre”. Las autoridades regionales, se lo pedían a gritos al gobierno nacional para que suspendiera estos diálogos, que le permitían a estos terroristas, circular libremente por este territorio, sin que los integrantes de las Fuerzas Militares y la Fuerza Pública pudieran entrar a la ofensiva, como ocurre en otras regiones del país. Con estas gabelas gubernamentales, el ELN y las disidencias de las Farc, les ha permitido continuar fortaleciéndose militarmente para seguir con su estela delictiva, a través del secuestro, extorsión, reclutamiento forzado de menores de edad, asesinatos, masacres, taponamiento de vías y destrucción de la infraestructura productiva en otros actos criminales, que tienen afectada la dinámica económica y el bienestar de las familias colombianas.
Aunque vale la pena, apostarle a la paz con estos grupos narcoterroristas, es claro que el Estado no se debe doblegar antes las exigencias de estas organizaciones criminales. No deben permitir que ellos le impongan la agenda. Recuerden que no se están negociando con los angelitos de la guarda. Ellos son criminales. Es bueno comprobar que al diálogo de sordos que dominan estos diálogos, ante la opinión pública se convierten en improbables, sin ningún resultado positivo para el país. Así es muy difícil encontrar consensos para superar el conflicto armado colombiano. No podemos seguir debilitando el aparato armado del país, por petición de estas estructuras criminales. Algo absurdo.
