En respuesta a los recientes acontecimientos violentos, donde resultó asesinada la patrullera de la Policía, Paula Cristina Ortega Córdoba, en Neiva, Huila, el Estado Mayor Central, aceptó el crimen pero negó la ejecución del ‘plan pistola’.
Las disidencias de las FARC han negado su implicación en un ‘plan pistola’ contra las fuerzas armadas y han hecho un llamado al Gobierno nacional para retomar el cese al fuego.
El Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC ha emitido un comunicado donde aseguran que “las acciones que llevaron a la muerte de la patrullera Ortega son propias de una organización que no está en cese al fuego con las fuerzas armadas, ya que el Gobierno nacional se abstuvo de prorrogarlo”. En el documento también se menciona sobre el supuesto pago que han ofrecido por el crimen de uniformados.
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Sin embargo, el grupo criminal ha mencionado: “El día de ayer circuló una noticia en redes sociales, donde se compromete a nuestra organización revolucionaria de estar pagando recompensas para dar de baja a policías, olvidando un detalle muy conocido: nuestros principios éticos y morales son altamente ceñidos a nuestros documentos, los cuales nos dictan los pasos a seguir en cuanto a la ejecución de acciones militares ofensivas”.
En su comunicado, las disidencias de las FARC han solicitado al Gobierno nacional que se retome el cese al fuego, el cual fue suspendido a finales de mayo tras el asesinato de cuatro menores de edad, supuestamente a manos del frente Carolina Ramírez de esta disidencia en Putumayo.
A pesar de las declaraciones de las disidencias, la situación sigue siendo preocupante, y las autoridades continuarán investigando. Mientras tanto, la sociedad y las autoridades se mantienen en alerta ante cualquier amenaza y continuará trabajando para garantizar la seguridad y la paz en la región.
“Es por esto que, hemos planteado la reanudación del cese al fuego, el cual genera alivios humanitarios para las comunidades más afectadas por el fragor de la guerra”, agregaron las disidencias.
