Con la entrada en el territorio huilense de las Disidencias de las Farc, se han incrementado las extorsiones, pues estaría siendo más rentable para estos grupos armados, que el narcotráfico. En este sentido las autoridades militares, invitan a la ciudadanía víctima de llamadas telefónicas e intimidaciones a denunciar los casos, pues el dinero entregado, se convierte en ‘combustible’ para continuar con estos ilícitos, ya que compran armas y pagan comisiones a los insurgentes. “Disidentes estarían contratando a menores de edad”.
Los municipios que más sufren en ‘carne propia’ este flagelo son: Tello, Baraya, Garzón, Algeciras y Gigante.
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Subieron casos de intimaciones
En este caso, el mayor Edwin Humberto Mesu, comandante del Gaula-Ejército, expresó: “con la llegada de las Disidencias en el Huila, se han incrementado las extorsiones en un 12%, sin embargo, la ciudadanía está denunciando los casos. Pedimos que no se dejen intimidar”.
Por esta razón el militar, indica que con el dinero pagado, los alzados en armas, compran armas de fuego, municiones y le pagan a varios sujetos para que cometan los delitos, como la realización de ataques.
Los empresarios, conductores, estarían siendo citados por los disidentes a zonas rurales de Tello, Baraya y Algeciras y al llegar estarían siendo constreñidos a pagar sus cuotas extorsivas.
Hay preocupación en las autoridades en el país, después de que se conociera que, durante 2023, el delito de extorsión ha tenido un crecimiento considerable en comparación con el año anterior.
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Extorsión carcelaria
Frente a la extorsión carcelaría, la Procuraduría establece que hay 3.130 víctimas en los últimos meses. Por ello, esta entidad instó al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Mintic, Inpec y Gaula, entre otras entidades, a activar mecanismos que permitan reducir este delito. Para el órgano de control es necesario que las autoridades a reforzar el equipo técnico y humano para mayores controles en los penales.
Por su parte, la Policía Nacional reportó que más de siete mil casos de extorsión se han presentado en lo corrido del año en el país, afectando sobre todo a cinco departamentos, donde se continúa presentando esta problemática.
Esto quiere decir que diariamente, en el 2023, se han presentado por lo menos 63 casos de extorsión en Colombia, según los datos de la Policía Nacional, siendo Cundinamarca con cerca de dos mil casos, el departamento donde más se reportan hasta la fecha, seguido de Antioquia con más de mil, Valle del Cauca, Meta y Atlántico.
Dentro de las modalidades utilizadas por los criminales son: la carcelaria, falso servicio, ciber-estafa. Esta última se da de la siguiente manera: “son mensajes de texto que le llegan a su celular, donde le dicen tiene una encomienda por reclamar y si usted indica que acepta, ahí mismo el ciber-delincuente le roba la información del teléfono”.
Grave denuncia realiza el Gaula
El comandante del Gaula-Ejército, realizó una dura denuncia: “hemos aprehendido a menores de edad en varias operaciones realizadas, los utilizan para hacer atentados y extorsiones, luego les pagan. Los disidentes, están instrumentalizándolos para ejecutar acciones terroristas, debido a que las leyes para ellos son distintas y estarían pagándole a reclutadores con el fin de que le lleven jóvenes a sus filas”.
Esta situación se daría en los municipios de Tello, Baraya, Algeciras y Hobo.
El reclutamiento y utilización de niños menores de 15 años de edad como soldados, está prohibido en el Derecho Internacional Humanitario, tanto el derecho de los tratados como el derecho consuetudinario y está tipificado como crimen de guerra por la Corte Penal Internacional.
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La invitación a denunciar
El Gaula invita a denunciar los casos, donde se vean afectados por exigencias económicas, para ello pueden llamar a las líneas telefónicas: 147 a nivel nacional y a nivel local a los números: 320 851 16 93 o 315 568 30 98.
Y para ayudar a las víctimas, el mayor señala que al denunciar, se puede conocer quien los está amenazando, porque también hay delincuencia común que se hace pasar por integrantes de grupos armados para exigir dinero. “Contamos con las herramientas tecnológicas para dar con el paradero de los victimarios. Y con las acciones operativas realizadas, evitamos que entraran cerca de $2.000 millones a las finanzas de estas estructuras delictivas”, agregó el oficial.
En este sentido las autoridades militares, invitan a la ciudadanía víctima de llamadas telefónicas e intimidaciones a denunciar los casos, pues el dinero entregado, se convierte en ‘combustible’ para continuar con estos ilícitos, ya que compran armas y pagan comisiones a los insurgentes.
En cuanto a este delito el Código Penal, establece: “el que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito, para sí o para un tercero, incurrirá en prisión de 192 a 288 meses y multa de ochocientos 800 a mil ochocientos 1.800 salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
Capturados por este flagelo
Precisamente unidades del Gaula-Ejército, Policía y CTI de la Fiscalía en el municipio de Pitalito, realizaron un operativo. “Según reportan, allí había sido citada la víctima, un ganadero de la región, a quién le exigen hacer entrega de 30 millones de pesos, de los 100 que pretendían conseguir los extorsionistas. Según la información recopilada por las autoridades, el menor aprehendido y dos sujetos más, días antes habrían llegado a la finca de la víctima y tras identificarse como supuestos integrantes de un grupo armado ilegal, habrían exigido la gruesa suma de dinero a cambio de permitirle continuar con sus actividades y no atentar contra su vida y la de su familia”, indicaron las autoridades.
En el momento de la entrega, el hombre que tenía la misión de recibir el dinero, esgrimió un arma, y en estas circunstancias resultó herido en una extremidad inferior. De inmediato, lo trasladan al centro médico del municipio, donde identificaron que se trataba de un menor de 16 años de edad.
Mientras en el centro de la capital opita, unidades hicieron efectiva la orden de captura contra Jessica Paola Arias, condenada a seis años y un mes de prisión por los delitos de extorsión agravada y enriquecimiento ilícito.
Los hechos, motivo de la acción judicial, se registran el 28 de mayo de 2021 en Manizales, cuando la víctima, un campesino de la región, recibió una llamada del supuesto comandante de las Águilas Negras, quien aseguraba tener un acuerdo con organismos de seguridad para adelantar una ‘limpieza social’, y requerían contribuyera con la causa, asegurándole que el dinero exigido sería empleado para la compra de armas y munición. Que de no cumplir con las exigencias de la organización, atentarían contra la vida de su familia.
