Ernesto Cardoso Camacho
Es conocida la frase del Estado de Opinión que significa trasladar a la ciudadanía la responsabilidad de influir directamente en los asuntos de gobierno, manifestando su aprobación o rechazo a las políticas públicas que se tramitan entre las ramas ejecutiva y legislativa.
No es un concepto jurídico pues su contenido es ampliamente político. Ello conduce a diferenciarlo del Estado de Derecho que sí tiene los dos aspectos, el jurídico y el político, tal como está expresamente consagrado en nuestra Carta en su artículo primero.
En nuestro medio se habló por primera vez del Estado de Opinión desde el gobierno del presidente Uribe, queriendo señalar que los gobernantes deben estar en permanente comunicación con sus gobernados, estimulando su participación en la democracia mediante los mecanismos consagrados en la constitución o como coloquialmente lo señalaba “queriendo los voticos”. Con ello, hizo famosos los “consejos comunales” en los cuales convocaba a sus ministros y altos funcionarios para escuchar a los ciudadanos y explicarles las medidas adoptadas en el gobierno.
Con este mecanismo estratégico de conectarse con el pueblo los partidos y movimientos políticos pierden gran parte de su protagonismo, dado que su intermediación democrática, esencial para su existencia, se ve relegada por el gobernante que los sustituye en esa comunicación directa entre unos y otros.
En muchos casos se suele confundir esta estrategia con el mecanismo populista de convocar a la ciudadanía a las calles para presionar o rechazar la adopción de políticas públicas o decisiones de gobierno. Es ésta precisamente la que ha adoptado el presidente Petro para generar apoyo a sus reformas estructurales a la salud, las pensiones y el régimen laboral vigente.
En ambos modelos es evidente que los partidos y movimientos políticos pierden su protagonismo, debido al desgaste que sufren con sus militantes y la ciudadanía por los reiterados fenómenos de corrupción, promesas incumplidas, ausencia de renovación en sus liderazgos y en general por la pérdida de confianza y credibilidad en sus dirigentes.
Conviene recordar ahora este concepto político con ocasión del llamado que ha realizado el presidente Petro, en respuesta a la propuesta de paro indefinido que han hecho algunos voceros de la oposición uribista, con relación a las reformas estructurales mencionadas. El llamado a las calles para presionar al congreso tiene una clara explicación. Tales reformas constituyen la esencia del cambio prometido a sus electores con los cuales pretende alcanzar los objetivos de equidad y superación de las desigualdades sociales.
Desde luego existen otras propuestas esenciales del llamado Pacto Histórico que también hacen parte de la promesa de cambio estructural.
Me refiero principalmente a la transición energética justa que implica no autorizar nuevas exploraciones de gas y de hidrocarburos, así como la negación de licencias ambientales para la minería a cielo abierto. Sin embargo, estas últimas tienen un contenido más amplio que las anteriores, aunque comparten el elemento social; en cuanto que las primeras tocan más directamente las aspiraciones personales de los ciudadanos, para una mejor atención en salud, una probabilidad cierta de lograr una pensión de vejez y unas condiciones laborales más benéficas. Es decir, tienen estas un mayor contenido individual más cercano a los intereses personales.
Así las cosas, el Estado de Opinión tampoco pretende sustituir los mecanismos constitucionales que consagran el derecho fundamental de participación ciudadana como son la consulta popular; el plebiscito; el referendo; el cabildo abierto; la iniciativa legislativa y la revocación del mandato; dado que estos implican un procedimiento estrictamente jurídico de contenido político pero que no es posible utilizarlos con la rapidez y eficacia que si tiene el llamar a la movilización ciudadana en las calles y plazas públicas.
En conclusión, en este tema se comprueba la realidad de que los extremos se juntan. Uribe realizó un gobierno de contacto directo y permanente con los ciudadanos. Ahora su principal contradictor y antinomia ideológica y política, el presidente Petro; convoca a sus electores a defender en las calles sus propuestas de reforma estructural para el cambio prometido. El problema es que, como dice el viejo refrán, “el palo no está para cucharas”.
