El Plan de Alimentación Escolar Indígena, tiene un costo por encima de los $2 mil millones. Asimismo, tampoco les han suministrado a estas comunidades, recursos para el manejo de la Canasta Educativa tendría un valor de $1.500 millones, ya que tienen un enfoque diferencial. Y son 1.537, pertenecientes niños de tres Instituciones Educativas, a quien según uno de los líderes, le estarían vulnerando el derecho a la educación.
Las escuelas y colegios de este grupo poblacional, se encuentran ubicados en los municipios de La Plata, Íquira y La Argentina. Este medio de comunicación intentó buscar respuestas a las solicitudes de la Administración Departamental, pero no fue posible.
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Niños indígenas y PAE
En torno a esta compleja situación vivida por la comunidad indígena, Jairo Humberto Tombe, consejero de Economía Propia y Administración del Consejo Regional Indígena del Huila, señaló. “Hasta este momento hemos tenido tres espacios con la Gobernación y no hemos definido el presupuesto del Plan Alimentario Indígena propio, ni tampoco de la Canasta Educativa”.
Es importante recordar que el decreto 2500 del año 2010, establece en el artículo número uno: “por el cual se reglamenta de manera transitoria la contratación de la administración de la atención educativa, por parte de las entidades territoriales certificadas, con los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas en el marco del proceso de construcción e implementación del sistema educativo indígena propio SEIP”.
“Pero no ha sido posible en el marco del derecho, llegar a un acuerdo con la Gobernación del Huila”, agregó el consejero.
¿Qué ha pasado con esta comunidad?
En torno a por qué no han logrado un acuerdo, el comunero, señala que el tema es técnico y presupuestal. “La Administración Departamental, no califica el enfoque diferencial para los pueblos, porque somos de zonas apartadas. Entonces ahí deben mirar la caracterización diferencial, eso no se hace acá (Gobernación).
Las Instituciones Educativas, que están a cargo del Consejo Regional del Huila, iniciaron sus clases desde el pasado 15 de enero.
“Los 1.537 niños y jóvenes, se encuentran sin garantías alimentarias, al igual que los dinamizadores en el marco del decreto 2500, no tienen garantías de obligaciones contractuales”, agregó el consejero.
Las Instituciones Educativas perjudicadas, sin estos recursos son: Kue dsi’j, Namuy Nomey y Yu luucx pishau, ubicadas en los municipios La Plata, Íquira y La Argentina.
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Financiación que necesitan los comuneros
El Plan de Alimentación Escolar Indígena, tiene un costo por encima de los $2 mil millones. Asimismo, tampoco les han suministrado a estas comunidades, recursos para el manejo de la Canasta Educativa, que tendría un valor de $1.500 millones, ya que tienen un enfoque diferencial.
En torno a la Canasta Educativa, esta figura, consiste en el conjunto de insumos, bienes y servicios, clasificados en componentes, (como son recurso humano, fortalecimiento cultural, política educativa propia y proyectos educativos y pedagógicos), que son requeridos para prestar el servicio educativo en condiciones de calidad, respondiendo a las necesidades propias de esta población.
“Mientras que a nosotros no nos respondan, no están vulnerando el derecho a la educación”, añadió Jairo Humberto.
Se encuentran en Asamblea Permanente
Ante la dificultad de llegar a un acuerdo entre las dos partes, la comunidad indígena se encuentra en minga permanente. “El último espacio lo tuvimos el pasado viernes, ya se hizo una declaración que estamos en minga permanente. Vinimos (ayer) a obtener una respuesta de parte de la secretaría privada, parece que no va a haber ninguna solución”, indicó el líder.
El comunero no descartó la llegada de la Guardia Indígena a la capital opita, al no tener soluciones a sus demandas.
Y en un ejemplo de resaltar, el PAE Indígena, que ya se encuentra funcionando con sus propios recursos: “en la regional nuestra, nos ponemos de acuerdo con los rectores de la Instituciones Educativas, profesores, padres de familia, Consejo Regional del Huila y asumimos este plan de alimentación. No se cómo la Gobernación va a hacer, para responder por las deudas que adquieren en el marco del derecho a la educación”, añadió el vocero.
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Ya adjudicaron el contrato
En este aspecto, la directora del Departamento Administrativo de Contratación de la Gobernación del Huila, Alba Lucía Medina Rubio, quien socializó los cinco oferentes que lograron llegar al final del proceso y son los adjudicatarios, luego de la licitación pública cuyo objeto era la prestación del servicio de alimentación PAE a las Instituciones Educativas de la región.
“Para nuestro Huila Grande en cabeza del gobernador, Rodrigo Villalba Mosquera es muy grato contarles que logramos adjudicar nuestra licitación pública, finalizamos obteniendo 5 oferentes de 13, quienes se presentaron y ya son adjudicatarios cumpliendo con todo lo establecido en el pliego de condiciones. Para la zona 1 el proponente seleccionado fue UT Macsol PAE 2024 por un valor de $11.100 millones; para la zona 2 el prominente UT Pacandé Huila por un valor de $11.300 millones, para la zona 3 el proponente UT Sí Alimentos por valor de $10.600 millones, la zona 4 el proponente UT Heliconias PAE 2024 por valor de $10.100 millones y la zona 5 el proponente Avoss por un valor de $11.500 millones”, explicó la directora.
El plazo corresponde a ciento tres días calendario escolar (103) contados a partir de la suscripción del acta de inicio y el tiempo para la etapa de alistamiento es de cinco días calendario.
Y a mediados del mes de diciembre de 2023 la Unidad de Alimentos para Aprender asignó recursos por $56.000 millones para iniciar el proceso contractual. En tiempo récord fueron publicados los pliegos definitivos el pasado 22 de diciembre de 2023 y se recepcionaron propuestas hasta el 30 del mismo mes. Presentándose 13 proponentes para brindar el servicio en las 5 zonas del departamento del Huila existiendo pluralidad de oferentes y un proceso transparente en el marco del estatuto general de contratación.
Menores indígenas
Otra compleja situación, que padecen los territorios ancestrales es el reclutamiento de menores, al respecto un líder del Consejo Regional Indígena del Huila, manifestó: “los territorios indígenas vivimos una situación compleja con presencia de diferentes actores armados, que desarmonizan el territorio y la convivencia de los pueblos ancestrales”.
Son niños entre 13 a 15 años de edad, los que estarían ‘buscando’ los reclutadores de las Disidencias de las Farc. “Las familias y comunidades, se encuentran amenazadas. Y hace poco nos asesinaron a un cuidandero del territorio, por eso es crítica la situación de seguridad. En algunos espacios es evidente, encontrar a estas personas.
Por su parte, el defensor del Pueblo, puntualizó que el 75% de los casos de reclutamiento en el país corresponde a niñas, niños y adolescentes indígenas. “Son 166 casos los registrados por la entidad en lo que va del 2023, no obstante, el subregistro podría ser mayor, pues las familias de las víctimas no denuncian por temor a represalias de las estructuras armadas al margen de la ley”.
